Un consenso obligado pero difícil sobre los aforamientos
la supresión de los aforamientos de los miembros de las Cortes y del Ejecutivo autonómico, de la que hizo bandera Ciudadanos, aunque también formaba parte del programa electoral de populares y socialistas se enfrenta a un tortuoso recorrido. La formación naranja anunció que esta iniciativa, que requiere la reforma del Estatuto de Autonomía, sería una de las primeras en llegar a las Cortes. Cuestión distinta es cuándo saldrá, si sale, ya que sus aspiraciones chocan con la dura realidad de la falta de consenso entre los principales partidos con representación en la Cámara.
Esto haría inviable avanzar en la eliminación de los privilegios de los que gozan en la actualidad los procuradores y los integrantes del Gobierno regional, que solo pueden ser juzgados, en caso de delito, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Las propuestas presentadas por PP-Cs, por un lado, y el Grupo Socialista, por otro, ya parecen irreconciliables en dos aspectos. Los dos partidos que sustentan al Gobierno Mañueco quieren limitar la reforma estatutaria a los aforamientos, utilizando para ello el procedimiento de lectura única, que agiliza la tramitación al no tener que debatirse la iniciativa en la comisión correspondiente de las Cortes, con lo que se suprime la presentación de enmiendas.
Pero los socialistas han insistido por activa y por pasiva en incluir también el establecimiento de un suelo social, que garantice que al menos el 12% del PIB regional se destine a educación, sanidad y servicios sociales. A ello añaden la inclusión en el Estatuto del derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía y a la Red de Protección a Personas y Familias. Aun en el improbable caso de que el PP y Cs aceptaran esta propuesta, utilizar el procedimiento de urgencia resultaría poco menos que imposible.
En el segundo aspecto, limitar la reforma a los aforamientos, también existe diversidad de pareceres. PP, Cs y PSOE coinciden en que los procuradores o los miembros de la Junta pierdan la prerrogativa de ser juzgados, en su caso, por el TSJ. De otro lado, mantienen el privilegio de inviolabilidad que el Estatuto otorga a los parlamentarios por los votos que emitan, o las opiniones que expresen en el ejercicio de su cargo. Pero PP y Cs se quedan solos al mantener que los integrantes del Legislativo y del Ejecutivo no puedan ser retenidos ni detenidos durante su mandato, salvo en caso de «flagrante delito». Los socialistas suprimen esta garantía tanto en las Cortes como en la Junta.
El fin de los aforamientos ha sido defendido por todos los grupos mayoritarios como un avance en la regeneración democrática y una reclamación ciudadana. Sería deseable, por tanto, que los partidos del Gobierno y la oposición socialista intentaran acercar sus posiciones para conseguir este objetivo común que solo puede salir adelante mediante el consenso.