El pacto de los 100.000€

LA DISCIPLINA de voto está bastante bien asentada en los partidos políticos y aunque cuando se produce una ruptura de ese principio no escrito de sumisión de los representantes del pueblo a las siglas bajo las que fueron elegidos suele generarse mucho ruido, y en algún caso escándalo, es precisamente porque es algo excepcional. Algunos grupos parlamentarios tienen fijadas sanciones para quienes se saltan la directriz del partido a la hora de votar. En el Congreso de los Diputados, los grupos que han fijado sanciones las tienen entre los 200 y los 900 euros. Celia Villalobos ya tuvo que pagar en una ocasión 300 euros y en otra 500 al Grupo Popular y lo mismo le pasó al socialista y ex líder sindical Antonio Gutiérrez en dos ocasiones. Pero lo más reciente es la indisciplina de diputados socialistas que en la investidura de Mariano Rajoy siguieron aferrados al «no es no» de Pedro Sánchez y se rebelaron contra su grupo parlamentario, que propugnó la abstención. Fue un gesto sin más trascendencia efectiva que los 600 euros que les costó el «no» a cada díscolo. Los que asumen las sanciones considerarán que es un dinero bien empleado si dejan así a salvo sus principios. Ahora bien, ¿y si esos principios supusieran 100.000 euros? Entonces dejaría de estar al alcance de la mayoría por no decir de todos. Ahora bien, no hay duda de que eso blinda cualquier acuerdo, como han hecho en Soria el Partido Popular y la Plataforma del Pueblo Soriano, que han pactado gobernar, también junto al diputado de Ciudadanos, y desbancar a los socialistas que lograron la mayoría. Pero la confianza entre los viejos conocidos (los dirigentes de la Plataforma han sido todos altos cargos del PP soriano) es muy poca. Así que desde la noche anterior a la constitución de la Diputación, que fue el pasado miércoles, cada partido llamó a todos sus diputados para que fueran a firmar individualmente el pacto ante notario. Lo de pasar por la notaría para firmar un acuerdo de gobierno –aunque este tiene más desarrollo, como la futura integración de la PPSOen el PP– ya sorprende un poco, pero mucho más que en el texto rubricado figure una cláusula en la que se exige responsabilidad patrimonial a cada diputado en el caso de que se salte el acuerdo. 100.000 euros, ni más ni menos. Dicen que la política está cambiando, tal vez esto sea una consecuencia, pero da la sensación de que entre las primeras plumas que se pierden en el cambio está la de la nobleza y el valor de la palabra.