La caza exige una ley sin sombra alguna
DE NUEVO SOBRE la caza se siembra la sombra de la duda. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a través de una proviencia que remite a las partes el partido animalista Pacma y la Fiscalía, ve indicios claros de inconstitucionalidad en la nueva ley exprés que aprobaron PP, PSOE y Ciudadanos para salvar la caza, tras el primer varapalo que tumba el decreto.
Febrero abrió la veda, judicialmente hablando, de la caza, de la mano de una decisión inédita que prohibía la actividad cinegética en la Comunidad. Una prohibición que, a pesar de ser cautelar, se reafirmaba con la suspensión de la Orden Anual de Caza diez días después. Este es precisamente el plazo que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León marca para que Pacma, la Junta y el Ministerio Fiscal se pronuncien sobre la posibilidad de «plantear cuestión de inconstitucionalidad» contra esa reforma exprés, que también votó la UPL en las Cortes y que contó con la abstención de Podemos y el voto en contra de Izquierda Unida.
Consulta con la que el partido animalista da por sentado el traslado de la cuestión al máximo tribunal. Conviene recordar que la suspensión cautelar está pendiente de ser confirmada o revocada por la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo, que debe resolver el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno autonómico. Matiz necesario para comprender la providencia, que remarca que dicha resolución «se ve afectada por el nuevo marco normativo y no puede ser desconocido» a la hora de ejecutarla. Los magistrados plantean hasta tres preceptos constitucionales que podrían resultar infringidos con esta reforma. Empiezan apuntando al ejercicio de la potestad jurisdiccional y al principio de la separación de poderes, continúa con la posible infracción del artículo 9.3 de la Constitución española, que recoge la arbitrariedad de los poderes públicos. Y concluye con más que posible infracción de la Carta Magna, en lo que tiene que ver con el derecho a la tutela judicial efectiva y el obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Sea como fuere, no es momento de reproches al Alto Tribunal. Lo que se viene a evidenciar con esta nueva providencia es que la caza vuelve a estar en riesgo y necesita ya de una de ley sin sombra de duda.