Un acuerdo sobre la jornada que debe llegar del consenso
CONSENSO. ESA LA máxima que debe aplicarse en todo lo que tiende que ver con las 35 horas para los empleados publicos. Pero sin olvidar que se estaba hablando de un derecho adquirido, que perdieron por la crisis. Sea como fuere, tiene que afrontarse su recuperación desde el diálogo de todas las partes implicadas. Y esa será una de las primeras tareas del nuevo gobierno de la Junta, que antes de llegar ya tiene los primeros deberes.
La aplicación definitiva de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos llegará con el nuevo Gobierno autonómico. La Junta de Castilla y León y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF alcanzaron ayer un preacuerdo para que los funcionarios que no trabajan en turnos, es decir, los que prestan sus servicios en la administración general e institucional, puedan recuperar este derecho a partir de octubre. El documento recoge su puesta en marcha el 1 de junio, sin embargo, la instrucción no se deriva de la propuesta que previsiblemente se ratificará el lunes, sino corresponde con la reducción del periodo estival, como una medida de conciliación de la vida laboral y familiar, a la que dio luz verde el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La implantación de la jornada de 35 horas requiere de modificaciones normativas y la adaptación de los calendarios laborales, lo que puede «demorarse unos meses». Para hacer posible la efectividad desde el próximo mes se aplicarán «transitoriamente» los acuerdos adoptados en materia de jornada. No obstante, el Gobierno autonómico se compromete a elaborar la propuesta antes del 24 de junio para avanzar en su aprobación.
Este paso hacia adelante se ha podido dar porque se han cumplido los tres objetivos el del déficit, con la reducción de la deuda y la regla de gasto. El último de ellos se notificó que se había satisfecho el pasado miércoles.
Pese a todo, a los sindicatos se les puede aplicar aquello de nunca llueve a gusto de todos, porque la sensación es agridulce para algunos, como es el caso del CSIF, y satisfactoria para otros. En cualquier caso el primer paso ya está dado y nace de una mesa de negociación en la que estaban representadas todas las partes.
Ese tiene que ser el camino que debe seguir el futuro gobierno que surja de las urnas el próximo 26 de mayo. Diálogo y consenso porque sólo así, con esas dos premisas sobre la mesa, se podrá alcanzar un acuerdo satisfactorio que beneficie a todos los funcionarios públicos. La hoja de ruta del consenso ya está marcada y lo que toca es que todas las partes la sigan.