Motivo de preocupación y de esperanza
Una mirada a la Castilla y León vacía. Cientos de miradas que nos llenan a todos. Miradas que nos completan, que nos unen en la diversidad de prismas y conjugan nuestra diversidad. Un reto común, una realidad común: combatir el hueco de una sangría poblacional que cuestiona nuestra identidad futura. En el horizonte, un reto de todos. Una preocupación de todos. Nos concierte a todos. Por eso la serie ‘Una mirada frente a la despoblación’ que hoy estrena Juan Vicente Herrera en El Mundo Castilla y León es una senda común de palabras, ideas, reflexiones que nos conduce de forma inapelable a un pacto político, cívico y social que nos concierne a todos y que cada día de indolencia merma nuestre vocación de progreso común.
PARA ALGUIEN QUE GUSTA de sustentar sus argumentos en datos objetivos, este texto sólo puede partir del reconocimiento de que nuestras cifras de población son negativas y muy preocupantes. Castilla y León tiene todos los factores que agravan los retos demográficos que afectan a buena parte de España y de Europa: es una Comunidad de interior (el 60% de la población española vive en la franja de 50 kilómetros más cercana a las costas), con mucha dispersión (6.000 núcleos diferenciados), es muy rural (la tendencia en todo el mundo es a que la población se concentre en grandes ciudades) y partía ya de un elevado envejecimiento (entre los años 50 y nuestro acceso a la autonomía en 1983 acumulamos un saldo migratorio negativo de un millón de personas, debido al éxodo rural).
En los primeros años de este siglo logramos ganar más de 80.000 habitantes gracias a una bonanza que atrajo inmigración, favoreció los nacimientos y contrarrestó nuestros saldos vegetativos. La crisis económica más dura que recordamos se llevó por delante ese crecimiento. Y sólo ahora, en un período de recuperación, empezamos a ver otra vez algún signo positivo. En los últimos datos que se han hecho públicos únicamente dos Comunidades, Castilla y León y Aragón, mejoran su saldo vegetativo. Cinco de las siete provincias españolas donde han aumentado los nacimientos pertenecen a nuestra Comunidad. Y nuestro saldo migratorio ha vuelto a ser positivo (no lo era desde el año 2008), en especial gracias a los intercambios con otros países sustentados en el crecimiento de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social.
Diferentes análisis y datos objetivos también ponen de manifiesto que las políticas de Castilla y León son adecuadas para incidir positivamente en los principales factores demográficos: el empleo, la calidad de los servicios públicos, las facilidades para la conciliación y el desarrollo territorial.
En términos de empleo, la Encuesta de Población Activa señala que en los últimos cuatro años los ocupados han aumentado casi en 70.000 en Castilla y León (de 921.000 a 990.800); que el porcentaje de asalariados con contrato indefinido es mayor que en la media de España (75,1 frente a 73%); y que nuestra tasa de paro es más de 3 puntos menor que la nacional. Unos datos en buena medida debidos a nuestro Diálogo Social, que ha reforzado en estos años el Plan de Empleo Local, y que cuenta entre sus últimos acuerdos con uno de especial interés para los jóvenes.
En relación con los Servicios Públicos, siempre hemos destacado que los principales estudios sitúan a Castilla y León a la cabeza de España en calidad y equidad, con calificaciones que han venido mejorando en los últimos años. Ocupamos una primera posición en términos absolutos en Educación (informe PISA) y Atención a la Dependencia (Observatorio estatal), y primera entre las Comunidades de régimen común en Sanidad (Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública) y Servicios Sociales (Asociación de Directoras y Gerentes). Tras un palmarés así está el esfuerzo de miles de profesionales, una prioridad presupuestaria sostenida en el tiempo y decisiones de clara relevancia demográfica, como mantener una red de 15 consultorios por centro de salud (3 de media en España), mantener centros educativos con sólo 3 alumnos (algo absolutamente excepcional en nuestra Nación), situar en el medio rural casi dos tercios de las plazas de Servicios Sociales con financiación pública, u ofrecer transporte a la demanda en más de 3.500 localidades. Es una lástima que el nuevo modelo de ordenación del territorio, entre cuyos principales objetivos está blindar esos servicios públicos, y que había venido desarrollándose sobre sucesivos acuerdos, no haya encontrado el apoyo cualificado que requiere precisamente en relación con nuestro medio rural, donde era y es más necesario.
Por lo que se refiere a la conciliación familiar y laboral, en nuestras Cortes se encuentra un proyecto de Ley de medidas de conciliación y lucha contra la brecha salarial de género que, una vez más sobre acuerdos alcanzados con los agentes económicos y sociales, pretende ser avanzadilla de un futuro Sistema Nacional de Conciliación. Entre tanto, en Castilla y León han venido mejorando la dotación y condiciones de los servicios de atención a menores, las medidas laborales para favorecer la conciliación y los beneficios fiscales para las familias.
Desde el punto de vista del desarrollo territorial, hemos impulsado actuaciones específicas para favorecer el emprendimiento en las zonas rurales. Asimismo, hemos puesto en marcha programas para zonas especialmente sensibles, como el Plan especial para la provincia de Soria o los programas territoriales de fomento para los Municipios Mineros, Miranda de Ebro, Villadangos del Páramo o Béjar, encontrándose próximo a ser aprobado el de Benavente. A todo ello se suma el enfoque dinamizador del ya citado Plan de Empleo Local, la puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural a través del turismo, y el conjunto de nuestras políticas agrarias y de desarrollo rural.
También hemos favorecido el diálogo y la participación en el diseño de medidas específicas en materia poblacional. El Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León, con amplia presencia social y de los grupos parlamentarios, ha actualizado la Agenda para la Población hasta el año 2020 y ha conseguido un pacto social. Nos gustaría que hubiera sido posible también un acuerdo político, que algún día tendrá que llegar en Castilla y León: lo hemos logrado en otros muchos temas, y ya se consiguió, en relación con la lucha contra la despoblación, en el año 2005.
Pero los factores sociales, económicos y culturales que están detrás de los desafíos demográficos son de tal magnitud que ninguna administración puede afrontarlos de manera aislada. Por eso, en los últimos años hemos insistido en que todos los niveles de gobierno debían implicarse.
Así sucede con las Entidades Locales, para quienes rigen plenamente los mandatos de nuestro Estatuto de Autonomía con relación a la lucha contra la despoblación.
También es el caso del Gobierno de la Nación, pues nos encontramos ante un problema «de Estado», aunque haya costado mucho que así se reconozca. Castilla y León fue cofundadora del Foro Español de Regiones con Desafíos Demográficos, que hoy compartimos con otras siete Comunidades, y desde el cual hemos conseguido introducir en la agenda política la necesidad de una Estrategia Demográfica Nacional, que sigue siendo perentoria. Parece oportuno que esa Estrategia incorpore una fiscalidad específica más ventajosa para los territorios rurales. Que se complemente con el desarrollo de infraestructuras estatales que llevamos mucho tiempo esperando, incluida la extensión digital. Y con nuevos modelos de financiación autonómica y de haciendas locales que atiendan a los factores demográficos que encarecen la prestación de los servicios.
Por último, es fundamental involucrar a la Unión Europea en la lucha contra la despoblación. En los últimos tiempos se están produciendo por fin los primeros avances en un camino que se abrió en 2016, con la aprobación de un dictamen específico que Castilla y León presentó en el Comité de las Regiones. Y deberemos seguir siendo muy activos defendiendo los intereses de nuestra Comunidad en la definición de la nueva Política Agraria Común y de la futura Política de Cohesión, para lo cual serán muy útiles las posiciones de Comunidad alcanzadas en los últimos meses.
Queda mucho por recorrer. Hace falta más implicación de todas las instancias. Más coordinación. Más diálogo. Nuevas regulaciones y modelos, tanto nacionales como europeos. Hay motivos para la preocupación, pero también para la esperanza. En Castilla y León lo sabemos, y queremos seguir siendo partícipes de todos los futuros avances.