Los empresarios de Castilla y León juegan en desventaja
ARMONIZACIÓN FISCAL YA. Desde la Junta de Castilla y León se viene exigiendo la necesidad de una política fiscal a nivel nacional que evite el que cada Comunidad haga de su capa un sayo, jugando con la eliminación o rebaja de impuestos para captar empresas. Que es lo que ahora está sucediendo y hace que los empresarios castellanos y leoneses jueguen en desventaja.
Los empresarios de Castilla yLeón temen que la presión fiscal a la que se les somete en la Comunidad tenga un efecto dominó en la salida de empresas hacia otras comunidades autónomas más flexibles en su política fiscal, comoMadrid.Por ello, vuelven a exigir que la Junta rebaje esta presión fiscal con la eliminación de los impuestos de Patrimonio, de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados. Tres impuestos que no existen en la Comunidad de Madrid.
Los datos que aportan desde Cecales apuntan a esa dirección, con un creciente número de empresas que han cambiado su domicilio social fuera deCastilla y León,tal y como se puso de manifiesto recientemente desde estas mismas páginas.
Santiago Aparicio señala que esta creciente fuga de empresas «nos preocupa, pero parece que a la Comunidad Autónoma no le preocupa».El presidente de Cecale indica que son dos las causas que provocan esta salida de empresas. En primer lugar, los impuestos. «Seguimos teniendo un impuesto de Patrimonio, seguimos teniendo un impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados», comenta. Con este tipo de impuestos, que «van contra los principios de la Unión Europea», se está «penalizando dos veces y resta mucha capacidad de inversión de los empresarios». La segunda causa de estos cambios de sede social de empresas de Castilla y León está en las inspecciones de trabajo. «No queremos que dejen de hacerlas, todo lo contrario, queremos que se hagan de una manera coherente y consecuente. Año sí y año también nos tienen a las empresas en inspección para no conseguir absolutamente nada».
El presidente de Cecale indica que la verdadera preocupación de las inspecciones debería ser la lucha contra la economía sumergida. Aparicio recuerda que está«estimado que pueden ser unos 180.000 millones de euros si se acabara con toda la economía sumergida, algo que sería muy complicado», teniendo en cuenta que representa todavía un gran de la economía castellana y leonesa y española.
No le falta razón a la patronal de la Comunidad. La lucha contra la economía sumergida tiene que ser una prioridad por parte de las administraciones, pero también la realización de inspecciones que eviten posibles fraudes porque eso redundará también en el beneficios de aquellos empresarios que lo hace bien, que son la mayoría y que sin estas inspecciones juegan en desventaja.