Apocalipsis rural
Los paisanos que han ido naciendo en la pendiente del declive, lo han hecho en lugares prósperos, hacia los que emigraron sus padres en desbandada. Más o menos, donde quisieron, como antes sólo podían en su afán expansivo los de Bilbao. Sin desarraigar su procedencia, sea cual fuere el nido de acogida. Ya como juez en Pamplona, arropado por dos hermanos togados de la misma procedencia riañesa, ya como futbolista internacional, convertido ahora en entrenador del Valladolid. Me sabe mal mezclar al atrabiliario juez Ricardo Javier González, cuya degradación le llevó a ver jolgorio y regocijo en una violación masiva, con el deportista Sergio González Soriano, descendiente de Gallegos de Curueño y despertador del Real Valladolid. Antes de recalar junto al Pisuerga, Sergio era seleccionador catalán, sin olvidar sus raíces leonesas.
Nunca las deserciones fueron tantas como en nuestros días, que asisten al cierre funeral de los pueblos por proyectistas convertidos en sepultureros. Todo discurriendo de la forma más sumisa, como si no estuviera pasando nada. Un día es la merma de la política Agraria Común, que desaloja las pequeñas explotaciones ganaderas que fijan población, otro el mandoble funcionarial de Montoro, que paraliza mortalmente la vida de los pueblos, y cada paso de este proceso demoledor lo arropan la indolencia autonómica y provincial, que entretienen el pasmo mirando hacia otro lado, para no sufrir c on los atropellos.
La cuestión alcanza el absurdo cuando las pedanías reciben una subvención y no pueden adjudicarla sin la firma de secretario municipal. Tanto alcaldes como diputaciones, donde mandan los partidos tradicionales, se llaman andana, lamentan con repugnancia el requisito y dejan que corra la bola y que viva Bartola. Porque los pueblos y su cuelga rural no justifican aplicarse en la defensa. Con decir que Madrid no ve más allá de la Castellana, ya sirve de sortilegio. Ni siquiera se hace valer la competencia exclusiva prescrita por el artículo 70-5ºdel Estatuto de Autonomía, que regula el gobierno comunal de los pueblos.