Diario de Valladolid

EDITORIAL

El Gobierno, obligado a dar más dinero a la Dependencia

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CASTILLA Y LEÓN es un ejemplo en Depedencia, en la gestión, la financiación y, lo que es más importante, en el diagnóstico y atención de las personas que lo necesitan. Y lo es porque así lo remarcan los informes, públicos y privados, de los profesionales y de los técnicos, que la sitúan a la cabeza del país con un sobresaliente.

Razones más que suficientes para que el Gobierno central de Mariano Rajoy escuchara y, sobre todo, atendiera aquello que se le señala desde Castilla y León. Donde se le insiste en remarcar la necesidad de ampliar la financiación.

«Para Castilla y Léon recuperar el nivel mínimo supondría 15 millones de euros de aquí a 2020», afirma la consejera Alicía García, tras la reunión en el comité de Dependencia junto con el Gobierno y el resto de comunidades.

Con motivo de la crisis, la diferencia de financiación destinada a la Dependencia por Estado y autonomías viene sufriendo un considerable desequilibrio poorque la aportación estatal en materia de Dependencia muy por debajo de ese 50% que señala el propio sistema nacional de Depedencia. La realidad es que son los gobiernos autonómicos los que aportan la mayor parte.

Castilla y León es una de las comunidades que más defiende que lo ideal sería equiparar la cuantías, llegando a una financiación global del 50% de la Dependencia por parte del Estado. Y con toda la razón.

Ahora «se ve una voluntad clara de mejorar la financiación», pero la realidad es que el compromiso del Gobierno en este incrementono es aún definitivo, ya que tendrá que ser analizado antes por el Grupo de Trabajo de Financiación Autonómica. La Comisión para el análisis de la situación del Sistema de la Dependencia, creada por acuerdo del Consejo de Ministros en febrero de este año y presidida por el secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha tenido por objeto la elaboración de un informe técnico sobre la situación actual del Sistema de Dependencia, su sostenibilidad y los mecanismos de financiación para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a este ámbito. Además de Castilla y León, las otras comunidades elegidas para participar en esta Comisión son Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Cataluña y Asturias.

Bien están estos informes que, sin duda, vendrán a demostrar lo que durante años viene denunciando y exigiendo Castilla y León, la necesidad y la obligación de que el Gobierno aporte la parte que le corresponde para sostener el modelo de la Dependencia. El Ejecutivo central no puede seguir haciendo como si esto no fuera de su responsabilidad.

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