Pagar la deuda
MIGUEL Blesa fue durante trece años presidente de Caja Madrid. El miércoles se fue sin pagar todas las deudas acumuladas por el saqueo a la desaparecida entidad financiera que fuera rescatada con fondos públicos. Uno de los símbolos del asalto a las cajas de ahorro optó por quitarse la vida; seguramente acosado por los procesos judiciales pendientes por corrupción y por su posible entrada en prisión por el caso de las tarjetas ‘black’.
«Que vayan a la cárcel y devuelvan lo robado». Es lo que dice el sentir popular sobre los corruptos. Blesa no podrá hacerlo porque dictó su propia sentencia de muerte esta semana en una finca de Córdoba propiedad de uno de sus antiguos clientes.
En los últimos días se ha vuelto a hablar de deuda, de la autonómica. El PSOE ha resucitado la necesidad de que a Cataluña le perdonen parte de su deuda para evitar que se vaya de España.
El Estado y los que robaron en la peor crisis económica de la democracia tienen una deuda con mucha gente. El último informe de Oxfam Intermón sitúa a España en la cola de los países de la OCDE que menos han luchado contra la pobreza. Este ‘meritorio’ lugar del ranking se debe a los bajos salarios y al insuficiente sistema tributario, según la ONG. No son sólo estadísticas; son, sobre todo, personas con nombres y apellidos. Alguno se quitó la vida por no poder soportar sus deudas, por verse sin casa al no poder pagar la hipoteca a bancos saqueados por corruptos.
Veo una escasa sensibilidad política y social para acabar con la pobreza. Esa es la gran deuda de la clase política. En Castilla y León hablamos durante el debate del estado de la región de una comunidad a dos velocidades. Hay zonas pobres (Zamora) que se alejan cada vez más de la convergencia en renta con Europa y (pocas) zonas ricas (Burgos) donde es más fácil asegurarse un futuro algo más digno. Esta Comunidad lleva diez años con la promesa en su Estatuto de Autonomía de poner en marcha un Plan de Convergencia Interior que elimine esas crecientes diferencias. La clase política regional incumple su carta magna. Tiene una deuda con los ciudadanos de las zonas más pobres. Y eso que ya crece por encima del 2%, la excusa puesta en 2013 para justificar el retraso.
Si alguien se plantea ahora, por fines políticos, recortar la deuda a determinadas autonomías, que sepa que el Estado tiene una gran deuda pendiente sobre todo con los numerosos ciudadanos desahuciados del sistema que más han sufrido este cóctel de crisis y corrupción.