Una sangría que confirma la necesidad de un plan de empleo
NO FALLA. Al igual que sucede cuando del balance de población se trata, las cifras del último año en lo que a la ‘fuga’ de trabajadores de Castilla y León hacia otros territorios se refiere son, como en el caso de la despoblación, peor que malas.
Una vez más, y estadística tras estadística, la Comunidad abre sus puertas para dejar salir a potenciales trabajadores. Y es que la movilidad geográfica por motivos laborales no hace más que crecer año tras año, hasta el punto de que en el último sumó un nuevo récord de salidas.
Castellanos y leoneses, se cuentan ya por cientos de miles, que se vieron obligados a hacer las maletas, llevarse la casa a cuestas y traspasar las fronteras autonómicas con un contrato en la mano. Centenares de miles de personas que tuvieron que marcharse de esta Comunidad, de su tierra, en busca de las oportunidades que aquí se les niegan o, sencilamente, no existen.
El último informe de movilidad del Servicio Público de Empleo es claro, contundente y además evidencia que esa salida de mano de obra no se vio compensada, ni mucho menos, por el número de gente de otros territorios que encontró trabajo en Castilla y León. Ni siquiera el hecho de que Castilla y León viera cómo se incrementaba el número de aquellos que se venían a esta tierra a trabajar mitigó la fuga de los que se fueron.
Castilla y León se sitúa así como la quinta autonomía de España que más gente exporta fuera para trabajar. De hecho, y así los señala el informe del Sepe, sólo Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia, apuntaron peores registros. En el extremo contrario se colocan Madrid, Baleares, Cataluña, Murcia, País Vasco y Navarra, las únicas comunidades consideradas plenamente receptoras de trabajadores.
Y, pese a todo y a ese lastre negativo, esta tierra se encuentra justo en la mitad de la tabla nacional en cuanto a tasa de movilidad global. Esa que mide el porcentaje de contratos realizados que implican desplazamiento del trabajador sobre el total de los firmados.
Eso son los fríos datos que los políticos y sus políticas, las administraciones, están obligados a analizar para poder frenarlos de una vez por todas. Castilla y León no puede seguir perdiendo población y mano de obra, un mes sí y otro también. Las administraciones deben actuar y tienen que hacerlo ya.
El camino pasa por poner en marcha planes, estrategias, como la aprobada esta misma semana por la Junta para impulsar el empleo y la emancipación entre los jóvenes, y hacerlo desde el consenso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales.
Hacia ahí tienen que dirigirse las políticas. A la puesta en marcha de verdaderos planes de empleo que consigan frenar, de una vez por todas, la sangría de población activa que pierde casi a diario Castilla y León.