Una situación de emergencia agraria que requiere respuesta
LA COMBINACIÓN de la sequía y las heladas ha supuesto un auténtico mazazo para uno de los pilares de la economía de Castilla y León. Las pérdidas que van a tener que soportar los agricultores son evidentes, no hay más que dar un paseo por el campo para ser conscientes de que los daños son cuantiosos. Los representantes del sector cifran el quebranto económico en mil millones de euros, sobre todo por la desastrosa cosecha del cereal que se espera, ya que se recogerán 1,5 millones de toneladas frente a los 6,5 millones de media que se han cosechado en los últimos diez años en la Comunidad. Para muchos, la situación es desesperada, según explicaba ayer la Alianza UPA-COAG, y puede llevarlos a la quiebra. Por ello, reclaman un «rescate financiero», equiparándose así al sector de la banca. Al margen de las diferencias evidentes, lo cierto es que si el sector financiero es de especial relevancia en la economía española, también lo es el sector agrícola, sobre todo en Castilla y León.
La aportación de la agricultura y la ganadería al Producto Interior Bruto de la Comunidad es clave y lo ha sido también su apertura hacia el exterior, en una clara contribución al aumento de las exportaciones castellanas y leonesas. Pero no solo es importante el aspecto económico, el papel social que supone la actividad es también básico en una Comunidad que lucha contra la despoblación y que busca fijar población en el ámbito rural.
Por ello, el sector debe tener una especial consideración y las administraciones, tanto la autonómica como la central, han de ser sensibles con una parte importante de los protagonistas de la economía regional que están atravesando momentos de graves dificultades. La llamada de socorro que está haciendo el sector no puede ser desatendida.
La Junta debe analizar todos los datos disponibles para establecer las medidas económicas que están en su mano y para reclamar al Gobierno central que ponga en marcha también mecanismos especiales para impedir que esta crisis provocada por la sequía y las heladas suponga la desaparición de explotaciones agrícolas por un problema coyuntural. Y la Administración central, además, debe buscar también la complicidad de la Unión Europea.
Desde la Alianza UPA-COAG se habla ya de movilizaciones si no obtienen una respuesta satisfactoria de las Administraciones. Lo deseable es que éstas no se produzcan y que mediante el diálogo y la negociación se consiga una solución satisfactoria para los agricultores y factible para los gobiernos. Se trata de una situación excepcional que requiere una respuesta adecuada, así como pensar en el futuro para subsanar las deficiencias que los representantes de los agricultores denuncian en el sistema de seguros actual.