Más medios en la región para la Inspección de Trabajo
LA DISPERSIÓN poblacional afecta en Castilla y León a todas las áreas de la administración. Aunque tiene especial incidencia en la prestación de servicios, y de ahí que sea uno de las cuestiones en las que pone el acento la Comunidad de cara a la próxima financiación autonómica, también influye, por ejemplo, en la inspección de las condiciones laborales de los castellanos y leoneses.
Así lo entiende el Gobierno regional cuyo titular, Juan Vicente Herrera, planteó ayer a la ministra de Trabajo y Seguridad Socia, Fátima Báñez, que tenga en cuenta un criterio distinto al número de habitantes para determinar el volumen de inspectores de Trabajo por territorio.
Herrera y Báñez firmaron en Valladolid un convenio de colaboración entre la Junta y la Administración General del Estado para coordinar la actuación de la Inspección de Trabajo. Ambas administraciones tienen repartidas las competencias en esta materia. Al Ministerio de Trabajo le correponden los ámbitos de la Seguridad Social y de economía irregular, mientras que la Junta se ocupa de las relaciones laborales y la prevención de riesgos.
Buena muestra de la importancia de la labor inspectora es que, desde 2012, un total de 13.500 contratos temporales se han transformado en indefinidos y, de ellos, casi 3.900 durante el año pasado. En el mismo periodo, afloraron más de 25.300 empleos sumergidos, de los que unos 5.000 corresponden a 2016. El programa de inspecciones para este año experimenta un incremento notable. Hay previstas 42.428 actuaciones, de las que 16.911 son competencia de la administración autonómica. El aumento es del 19,9% en inspecciones de contratos laborales, un 7% para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y un 3,5% para verificar las condiciones de trabajo.
En este marco de colaboración entre el Ministerio y la Junta, el titular del Ejecutivo autonómico solicitó a la ministra más inspectores de trabajo para ampliar la labor de este colectivo y llegar a todos los puntos de la Comunidad. En la actualidad, Castilla y León cuenta con 64 inspectores, otros 64 subinspectores y 126 funcionarios que realizan labores administrativas, una plantilla a la que se incorporarán este año tres inspectores más.
Fátima Báñez aseguró que había tomado nota de la petición del presidente Herrera, si bien precisó que la menor incidencia de los fraudes laborales en Castilla y León es la principal causa de que se destinen más medios a «lugares donde es más necesario».
A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo debe tener en cuenta las específicas circunstancias poblacionales de Castilla y León y realizar un esfuerzo para aumentar la plantilla de inspectores.