La chapuza de las ITV
CASTILLA y León tuvo durante muchos años la ITV más cara de España gracias a una chapuza de Aznar cuando gobernó esta Comunidad y gracias al PSOE nacional que le puso en bandeja la legislación que lo permitía. Gracias a la desastrosa gestión posterior de los gobiernos de Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera fuimos los que más pagamos de España a empresas privadas por un servicio público, obligatorio y necesario para la seguridad y el medio ambiente.
Hasta la actual consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, reconoce ahora que aquella concesión, que sufriremos hasta 2029, no se hizo bien. Fue la presión de organizaciones de consumidores y de algunos grupos parlamentarios lo que llevaron a Herrera y a su consejero Villanueva a congelar los precios primero y a rebajarlos después. La chapuza siguió porque las empresas fueron a los tribunales y ganaron parcialmente el conflicto. Los primeros gobiernos del PP en esta Comunidad blindaron bien el gran negocio sin riesgo para estas empresas, que encima maltrataron a sus trabajadores. Un negocio que hasta la consejera del PP dijo este martes en las Cortes que era excesivo.
Hoy se trata de corregir una chapuza que pagamos los ciudadanos por ese afán sin control de la derecha, y no pocas veces del PSOE, de entregar los servicios públicos a las empresas; como se hace en demasiadas ocasiones con parte de la sanidad, la educación y los servicios sociales. En esta ocasión, lo que primero fue la concesión a una compañía nacional llegó luego a manos de multinacionales; el negocio pertenece hoy a la británica European Vehicle Safety Spain.
Como dijo en las Cortes el procurador de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, la responsabilidad por esta «tropelía» es tanto del que la hizo como de quien la consintió. Se cede el negocio, se permite actualizar los precios en función del IPC y no se tiene en cuenta, como destacó la propia consejera, las innovaciones que rebajan los costes.
Sin embargo, en casos como éste, los responsables públicos se van de rositas. El procurador de Podemos, Ricardo López, preguntó en el Parlamento, sin que nadie le respondiera, «¿quién va a asumir responsabilidades por esta actuación que pagamos todos». La pregunta clave quedó en el aire. Otro escándalo más. La política de este país necesita de ITVs que certifiquen cómo cubrir las lagunas de la democracia.