Investigación a fondo
SON YA HISTORIA. Convertidas en bancos y vendidas a precio de saldo, las cajas de ahorro han sido objeto de uno de los mayores saqueos de la historia financiera reciente. Lo peor de todo es que los 60.718 millones de euros públicos pagados por su rescate entre 2009 y 2015 sólo han servido para una privatización absoluta en medio de una brutal crisis y no han evitado esa reconversión salvaje que ha diezmado las plantillas en un proceso sin fin. Para hacernos una idea, la cuantía del rescate desvelado el martes por el Tribunal de Cuentas equivale al pago del salario mínimo interprofesional a un millón de parados durante los siete años.
Caja de Ávila, Caja Burgos, Caja Círculo, Caja Duero, Caja España y Caja Segovia forman parte de ese saqueo amparado sobre todo por el Banco de España, pero también por la Junta desde las comisiones de control donde estaba presente y por dirigentes de los grandes partidos convertidos en administradores. El Tribunal de Cuentas dice ahora que su venta se hizo sin control, que faltaron garantías, que existen insuficiencias contables… Falta demasiado por saber y es bueno, como han decidido PSOE, Ciudadanos y UnidosPodemos, que se investigue a fondo.
Que salgan a flote las dobles contabilidades, las quiebras encubiertas por la desvalorización de las participaciones empresariales, los excesos crediticios sin garantías, las actas de los consejos que retratan a todos, el nivel desigual de implicación de las comisiones de control…
El modelo de cajas de ahorro, atacado por los grandes bancos, fracasó en buena medida por falta de controles, por una miope politización ajena a la obligada profesionalidad, por una dispersión excesiva y por la ilusión de algunos de controlar desde ahí un inexistente poder financiero regional.
En Castilla y León, PP y PSOE se negaron a investigar este saqueo. Los socialistas de Luis Tudanca, presionados, giraron en sus posiciones iniciales con poco crédito. Hay que tener en cuenta que Juan Vicente Herrera y Óscar López pactaron todo el fallido proceso de fusión y fueron de la mano en casi todo. Día sí y día también el ex consejero Tomás Villanueva y el socialista Pedro Muñoz se daban el parte diario sobre un proceso fallido por múltiples intereses personales y casi seguro por un erróneo enfoque.
Ahora, la investigación sale adelante en las Cortes generales, pero el ámbito nacional diluirá el fiasco que se pudo haber cometido en Castilla y León. De nuevo, la cuenta de resultados de los bancos no sufre, sufre el bolsillo ciudadano que es quien al fin y al cabo ha pagado el saqueo y el rescate.