De juzgado de guardia
ME ABURREN los debates sobre la Constitución cuando llegan estas fechas de conmemoración de su aniversario. Sobre todo, porque muy pocos hincan el diente a los asuntos que más preocupan a los ciudadanos excluidos de algunos derechos.
Derecho a la educación. Orgulloso de residir en la Comunidad líder en educación y de tener un consejero capaz de presumir y de admitir fallos. Es quizás el derecho constitucional que mejor se cumple. «La enseñanza básica es obligatoria y gratuita». Pero hasta ahí. Las limitaciones y desigualdades de acceso y permanencia en la universidad son brutales.
Derecho al trabajo. España suspende en este derecho. La Constitución no lo garantiza. Es pura estética normativa. Y no digamos la leyenda que acompaña a este artículo 35: promoción laboral y remuneración suficiente. Políticos que defienden la reforma de esta ley de leyes, atrévanse a poner garantías de cumplimiento o borren por vergüenza este derecho que excluye a millones de personas.
Derecho a la salud. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Vayan a las urgencias de los hospitales, repasen las listas de espera, anoten servicios excluidos (dentistas, gafas, medicinas) y verán cómo la ambigüedad del artículo revela que este derecho se compra o no se tiene. Y para eso se alimenta en demasía la sanidad privada.
Vivienda digna y adecuada. Un artículo que dice combatir expresamente la especulación. ¿Se habrán enterado ministros y consejeros de éste área la de ciudadanos que dedican más de la mitad de su sueldo a pagar una hipoteca o un alquiler? Treinta y ocho años después de promulgarse aún no se ha hecho efectivo este derecho.
Tercera edad. Puede que vivamos también en una Comunidad líder en atención a los mayores. Pero estamos muy lejos de atenderlos como se merecen. Las cifras y los datos no pueden ocultar situaciones de pobreza y de marginación. Las residencias no están al alcance de todos los bolsillos y son la mayoría aparcamientos precarios con empleos insuficientes.
La gran asignatura pendiente de esta Constitución es su cumplimiento. Salvo la educación obligatoria, el Estado no está obligado ni a garantizar un trabajo ni una sanidad digna ni una vivienda ni los servicios sociales básicos.
Sé que a muchos -a mí también- les preocupa el debate territorial, la monarquía hereditaria, el Senado inútil… Pero, como en todo, hay prioridades. Que algunos derechos proclamados a viento y marea sean aún hoy papel mojado es de juzgado de guardia.