Cuentas pendientes

AUNQUE al biministro De Guindos no le parezca relevante, hemos llegado a un punto como país en que ya debemos más dinero del que somos capaces de generar colectivamente a lo largo de todo un año. Y por si fuera poco, Bruselas nos aplica nuevos recortes de ocho mil millones en dos años, mientras pospone y madura la sanción por los incumplimientos del déficit, que previsiblemente rondará otros dos mil millones.

Mientras, el tropel de la política nacional se entretiene con otros arbitrios. Después de medio año echado a perder por una mezcla de indolencia e incompetencia, anduvieron en cambio muy despiertos para disponer suplidos de siete mil quinientos euros por parlamentario, que cubran este periodo de ruido y trajines baratilleros. Ya lo sabíamos, pero nos han vuelto a demostrar que en el cuidado de lo suyo son enormemente previsores y diligentes. Pero no podemos delegar a esta gente los cuidados que afectan al bienestar general. En ese terreno ya nos han mostrado que no son de fiar.

Si uno repasa los protagonistas del aquelarre de san Buenaventura, que fue la jornada de 2008 en que se alcanzó el acuerdo de financiación vigente, sólo puede echarse a temblar. Allí estaban el montorino Beteta y el infausto Soria como consejeros de Madrid y Canarias, discutiendo la pela con la vice Salgado, antes de que despegara a disfrutar consejera de Endesa y de la Nueva Pescanova. Pero quienes más felices se mostraron fueron el catalán Castells y la andaluza Martínez Aguayo.

Castells porque el nuevo sistema de financiación suponía un cambio de modelo, que «cumple estrictamente el Estatuto de Cataluña», y Aguayo porque «colma las expectativas de Andalucía».

A partir de ahí, la financiación empezó a irnos de mal en peor. Lo llamativo es que aunque las previsiones del sistema eran para cuatro años (hasta 2012), los indolentes gobiernos populares fueron dejando que el sistema degenerara. Ni 2012 ni 2014 lograron aplicar a la gente de Mariano en la busca de un nuevo sistema, que resultara menos dañino para la solvencia de Comunidades como Castilla y León.