Escasez de personal en las prisiones
LA LIMITACIÓN de la tasa de reposición al 10%, ampliada ahora al 50% ha hecho mella en todas las áreas del funcionariado, aunque en algunas en mayor medida que en otras. La mencionada tasa supone que si se jubilan o se dan de baja funcionarios de cualquier administración pública, sólo puede reponerse un 10% de las plazas vacantes. De este modo las jubilaciones, excedencias o fallecimientos apenas se cubren.
En el caso de los funcionarios de prisiones, a esta circunstancia se suma que los concursos de tarslados llevan cuatro años paralizados. El resultado es que, según denuncian los sindicatos, las ocho cárceles de Castilla y León viven una situación que definen como «muy complicada de manejar».
En la actualidad trabajan en los centros penitenciarios de la Comunidad 2.489 empleados, de los que 2.302 son funcionarios y 187 laborales. Una cifra a todas luces insuficiente para garantizar la seguridad en unas cárceles castellanas y leonesas, en opinión de las organizaciones sindicales. En lo que no se ponen de acuerdo es en el déficit de personal que existe. Mientras UGT lo calcula en 250 trabajadores, alrededor del 10%, el sindicato Acaip, mayoritario en Prisiones, lo eleva hasta las 500 personas. CSI-CSIF, por su parte, está realizando un estudio sobre la Relación de Puestos de Trabajo para disponer de datos más exactos.
UGT utiliza la RPT de 2011 para afirmar que las prisiones de la Comunidad habrían sufrido un recorte del 11,4% de sus efectivos en esos últimos cuatro años. Es decir, 321 trabajadores. Estos recortes supone un 10,4% en el caso de los funcionarios y un 22% en los laborales. A esta situación se habría llegado, según Otín, después de que en 2012 y 2013 Instituciones Penitenciarias no convocara plazas y sólo sacara 300 el pasado año y 538 para 216. Una oferta que, según los representantes sindicales, esta oferta está muy por debajo de las necesidades existentes y no sirve para cubrir las bajas que se han producido.
UGT ataca también las «privatizaciones injustificables» en los servicios de vigilancia exterior, limpieza o mantenimiento.
Al margen de las diferencias en sus cálculos, los sindicatos de prisiones de UGT, CCOO, CSI-CSIF, APFP y Acaip han hecho frente común, con movilizaciones en cada centro, para reclamar mayor dotación de personal.
El problema es que en los centros penitenciarios, la falta de personal puede poner en riesgo la seguridad de los trabajadores y de los propios reclusos, por lo que sería conveniente que el Ministerio atendiera las reclamaciones que formulan todas las organizaciones sindicales.