Políticos y funcionarios

upongo que no habré sido el único sorprendido por la aseveración ante los medios de una muy conocida política: respecto a la paradoja sobre la que se le preguntaba de que alguien expulsado por ella de la gerencia hubiera seguido en otro puesto de trabajo, dentro de la misma organización, la interpelada contestó con rotundidad que eso se producía porque el individuo en cuestión «era funcionario del partido». Que se me corrija si me equivoco pero, hasta el momento, yo estaba convencido -como funcionario de carrera que soy- de que el estatus funcionarial sólo correspondía a quienes desempeñan la «función pública», por lo que esta frase me resultó tan extraña como aquella otra según la cual se podría despedir a un empleado «en diferido».

La declaración coincidía en el tiempo con las quejas que acababan de llegarme -vía circulares de sindicatos funcionariales- sobre lo que se consideraba un contumaz intento de terminar con la independencia de los funcionarios por parte del poder político. Y ello de distintas maneras que también tienen que ver con el hartazgo de corrupción que nos asfixia: por ejemplo, premiando o castigando al empleado público que se pliegue o no a las prácticas dudosas de sus jefes puestos a dedo. También creándose órganos interpuestos de bonitos nombres (como verdaderas pantallas de simulación), los cuales permiten a quienes ejercen el poder burlar los «impedimentos» que les ocasionan los procedimientos de control administrativo para adjudicar -por ejemplo- contratos a sus anchas.

Lo peor es que, como bien señalan los argumentos a los que me refiero, se ha tendido más de una vez desde las instancias políticas en que son regidas las administraciones autonómicas a denigrar la labor de los funcionarios por oposición, contraponiendo a su gestión la eficacia y el ahorro que proporcionarían sociedades, empresas y órganos privados que, según se demuestra en la realidad, con frecuencia ocasionan más gasto, menos control y peores servicios.