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LA LLEGADA de septiembre no supuso este año ningún alivio para el amplio territorio mesetario. No es que el panorama tampoco esta vez resultara maravilloso. Es que hemos pasado una quincena atravesada, entre aviesa y negra. Y esta vez el panorama tenebroso no se refiere en exclusiva al carbón, aunque también. Porque la Audiencia Nacional acaba de anular las resoluciones que en 2013 dictó el Instituto del Carbón denegando las ayudas correspondientes a 2012 y a varias empresas de Victorino Alonso, que en la actualidad se encuentran en proceso de liquidación. La Audiencia Nacional obliga a aprobar ahora aquel desembolso de cincuenta millones en Consejo de Ministros, porque no acepta que las empresas estuvieran en descubierto con la Seguridad Social cuando formularon la solicitud de ayuda. Otra trampa más de los mendrugos ministeriales en su afán por ir asfixiando a la minería del carbón. Tampoco es la única. Mientras el empresario sisado adelanta que va a reclamar daños y perjuicios, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia agota plazos sin aprobar los consumos de carbón nacional en la producción energética.

Pero no ha sido el único caso de estas jornadas convulsas. Acabamos de superar la cordillera de episodios surgidos en torno a la celebración otra vez del Toro de Vega tordesillano, donde felizmente no ocurrió lo que pudo pasar con la suelta de Rompesuelas, mientras los manifestantes contrarios todavía ocupaban el puente. No hubo tragedia con muertos, pero ya sucedió bastante, entre agresiones e irregularidades, como para que semejante espectáculo se suprima para siempre. El despliegue desmedido de las fuerzas del orden no pasó del ojeo con grabación. No valió para proteger a los informadores agredidos ni para impedir la muerte irregular del toro. A pesar del gasto. La duda sobre la gestión de la multa a quienes asestaron lanzadas ilegales a Rompesuelas con resultado de muerte, casi ofende. Aunque se invoque la condición de festejo de interés turístico para albergar la barbarie.