Diario de Valladolid

aplicación del artículo 155

Cs insta a Sánchez a frenar la apertura de nuevas 'embajadas' catalanas porque son "ilegales"

El portavoz de la formación naranja, Edmundo Bal, pone en valor la decisión del TSJC de anular el decreto con que la Generalitat reabrió las delegaciones en los países extranjeros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa.-DAVID CASTRO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa.-DAVID CASTRO

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EL PERIÓDICO / AGENCIAS
Valladolid

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Ciudadanos ha retado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a frenar la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat catalana en el extranjero, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado que son "ilegales".

Así lo ha destacado en una rueda de prensa el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, quien ha puesto en valor la decisión del TSJC de anular el decreto con el que la Generalitat reabrió sus 'embajadas' en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia. Cataluña volvió a abrir esas delegaciones cuando se levantó la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el que habían sido cerradas.

El Gobierno de Sánchez recurrió la reapertura en septiembre de 2018 y ahora el TSJC ha estimado ese recurso. Tras esta decisión judicial, Bal considera pertinente que la Abogacía del Estado interponga un recurso contencioso administrativo contra las tres nuevas embajadas de la Generalitat en Argentina, Túnez y México. "¿Va a dar el Gobierno instrucciones para ello?", se ha preguntado.

Y es que, de momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene ninguna objeción sobre el texto de los decretos de creación de esas tres delegaciones porque, según fuentes del Departamento consultadas por Europa Press, los textos incluirán ahora una serie de enmiendas propuestas por el propio Ministerio. Eso sí, las mismas fuentes recuerdan que el Gobierno puede pedir judicialmente el cierre de delegaciones si considera que su actividad vulnera la legalidad o que es contraria a los intereses de España.

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