Nueva ola de protestas del campo en Valladolid: exigen al Gobierno las ayudas por la guerra de Irán y más apoyo a la Junta

Nuevo puñetazo en la mesa de las organizaciones profesionales agrarias (Opas) ante los incumplimientos del Gobierno central –que aún ni ha convocado las últimas ayudas prometidas– y el «abandono» que atribuyen a todas las administraciones ante la mala coyuntura del sector. Asaja Castilla y León, la Alianza UPA-Coag y UCCL convocan una manifestación para el miércoles 20 de mayo en Valladolid «que con seguridad será seguida por otras medidas de protesta». Así lo han desvelado este lunes a través de un comunicado en el que desgranan la crítica situación de la agricultura y la ganadería por la falta de ayudas ante los efectos de las guerras de Irán y Ucrania, el incumplimiento de normas como la Ley de la Cadena Alimentaria y numerosos problemas añadidos.

La reivindicación más inmediata es que el Gobierno de España «al menos cumpla con los mínimos que establece el Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio (Metsaf), aprobado el pasado 29 de abril por la Comisión Europea, que establece que se pueda compensar, vía ayudas, hasta el 75% del coste adicional en el que, hasta finales de año, incurran los agricultores y ganaderos por el sobrecoste de fertilizantes y carburantes».

«Creemos que las últimas ayudas que prometió el Gobierno son totalmente insuficientes», explica en respuesta a este periódico el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo. «se trataba de dar 22 euros por hectárea a los cultivos de secano y 45 a los de regadío por el incremento de costes de los fertilizantes, y 20 céntimos por litro de gasóleo consumido desde que se convocara hasta el 30 de junio, pero ni están tramitadas, ni siquiera se ha publicado la convocatoria», añade. A ello se suma la no aplicación de las del Metsaf.

La situación del mercado interior y exterior provoca un «clima de desánimo de los agricultores y ganaderos», que se sienten «desamparados además tanto por la Unión Europea como por el Estado y la Junta de Castilla y León». Las organizaciones convocantes reclaman «medidas políticas, arancelarias y fiscales para que bajen los costes de los insumos, y para que repunten los precios de los productos, al menos hasta cubrir los costes de producción, tal como fija y obliga la Ley de la Cadena Alimentaria».

Y es que, aseguran las organizaciones de agricultores y ganaderos, «mientras los mercados no alcancen un equilibrio más justo, y a la vez continúen distorsionados por los grandes conflictos bélicos, las organizaciones agrarias exigen ayudas económicas más allá de las ya aprobadas, y recuerdan que, mientras que las del Estado nacieron escasas y ahora se han quedado todavía más cortas, la Unión Europea y la Junta de Castilla y León ni siquiera se han acordado de los agricultores y ganaderos», aseguran en su comunicado.

Asaja, la Alianza UPA-Coag y UCCL ponen de manifiesto nuevamente algunos de los problemas que acucian al campo. Se trata del «hundimiento de la rentabilidad del sector, que está llevando a pérdidas a muchos de los subsectores, en particular los cereales y al resto de cultivos herbáceos». También apuntan que «en una situación bélica con dos frentes abiertos, Oriente Medio y Rusia-Ucrania, la situación del campo empeora cada día, al no repuntar las cotizaciones de los productos agrarios, mientras que siguen alcanzando récords los precios de los insumos, en particular de los carburantes y los fertilizantes».

Recuerdan también el empeoramiento del sector lácteo, que «atravesaba una situación coyunturalmente más equilibrada», pero «se ha visto obligado, por la imposición de la parte compradora, a firmar contratos por tres meses con una caída del precio del 14%. Este nuevo marco ha frenado las inversiones, está provocando el abandono de granjas, y ha llevado a una reducción de la producción de leche a través de la disminución de los censos».

Un problema al que se suma «el que sufre toda la ganadería, las consecuencias económicas de enfermedades animales cuyo control no está en manos del sector». A todo ello se une «el estado de alerta permanente y de desconfianza que vive el campo ante las consecuencias que puede tener para el sector la entrada en vigor de acuerdos internacionales, como es el caso de Mercosur y otros que están en camino».

La movilización será al estilo de las celebradas el pasado mes de marzo, una ante la sede de la CHD y otra desde la Delegación del Gobierno a la Consejería de Agricultura, en las que se juntaron «entre mil y 2.000 personas» según los cálculos de los organizadores, con una pancarta en la cabecera ante los representantes de las Opas. Nada tienen aún decidido sobre las acciones que seguirán. «Dependerá de la respuesta de las administraciones», concluye Dujo