El territorio provincial, ‘declarado’ en estado de emergencia cinegética

La provincia de Soria lleva años arrastrando el problema de la superpoblación cinegética, que no sólo causa grandes quebraderos de cabeza a los agricultores por los estragos en el campo, mermando unas producciones de secano nada halagüeñas en la mayoría de las comarcas, sino también muchos accidentes por animales en toda la red de carreteras, que en el peor de los casos incluso se han saldado con víctimas mortales. Asaja Soria denuncia continuamente la situación en las tierras de labor, porque el aumento de la fauna cinegética mantiene en jaque desde hace años al sector agrario, que lleva reclamando a las administraciones medidas de actuación para evitar los daños que les causan a sus explotaciones agrícolas y ganaderas. Sobre todo por los jabalíes y corzos, cuya población ha crecido un 60% en cinco años (a partir de las capturas declaradas por los titulares de los cotos).

Y es que los daños provocados a los agricultores por los animales cinegéticos deben reclamarse a los propietarios de los cotos, tanto si son públicos como privados, y en las zonas de seguridad de carreteras estatales y vías ferroviarias, al Ministerio de Fomento. En los últimos años la evolución de las indemnizaciones de Agroseguro por daños a los cultivos provocados por especies cinegéticas ha aumentado un 65%, pasando de los 144.000 euros que pagó la entidad aseguradora a los agricultores sorianos en el año 2013 a los casi 217.000 euros que percibió el sector el año pasado.

«El problema es la superpoblación en muchos cotos y ahí los agricultores no pueden hacer nada», señala el gerente de Asaja Soria, Juan Francisco Barcones. Por ese motivo, la nueva legislación sobre caza en Castilla y León plantea incluir una figura que obliga a un control efectivo de la fauna. Se trata de las zonas de emergencia cinegética, llamadas así por su alta densidad de animales salvajes y por su altísima siniestralidad en daños agrícolas y ganaderos, en las que la Administración regional aumentaría su potestad para actuar y tomar medidas encaminadas al control de las poblaciones cinegéticas como corzo, ciervo, jabalí, conejo o lobos.

Asaja, gracias a la colaboración de sus socios, ha diseñado el primer mapa provincial de zonas de emergencia cinegética que ya ha presentado a la Junta de Castilla y León para que avance en el control de los daños que padecen los agricultores en la nueva normativa para regular la caza que está preparando.De los 1.400 socios de Asaja, han participado 462, quienes. «Queríamos contar con los miembros de la organización porque son los que sufren directamente la superpoblación de los animales silvestres», manifiesta Barcones. De hecho, prácticamente todo el territorio puede ser declarado en emergencia, tal y como se observa en la imagen. Se salva la parte norte, donde están las sierras de Urbión y Cebollera, así como el valle del Cidacos, y hay dos islas, una al sur y otra al este. Pero no porque no haya problemas ahí, sino porque no hay socios que lo hayan comunicado.

El secretario de la organización, Alejandro Aguado, ha estado participando en las reuniones que solicitó Asaja Castilla y León a la Consejería de Agricultura y Ganadería y la de Urbanismo y Medio Ambiente por las consecuencias que produce la caza al sector. Uno de los posibles avances es el nacimiento de una figura nueva, las zonas de emergencia cinegética, «donde la Administración regional quedará emponderada para tomar medidas efectivas de control», explica Barcones.

El presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, lleva también tiempo reivindicando una nueva ley de caza que permita con todas las garantías acabar con la mitad de todos los animales salvajes de la Comunidad, dado que considera que son los que sobran. Dujo insiste en que es una medida necesaria, porque los animales salvajes expulsan a la gente del medio rural, además de acabar con la seguridad sanitaria y vial, al igual de ser los responsables de los daños y perjuicios causados.

En mayo de 2017 se creó el grupo el grupo de trabajo de especies cinegéticas y daños agrario, en el que tiene participación la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura y Ganadería y las organizaciones agrarias.

Pero lo cierto es que desde 2016 la cartera de Medio Ambiente ya había levantado la mano con la caza del ciervo, el corzo y el jabalí, permitiendo duplicar el número de cacerías en toda Castilla y León. El año pasado propuso una instrucción a los Servicios Territoriales para el control poblacional de ciervos, corzos y jabalíes. Una vez aprobada, los Servicios Territoriales pueden resolver en el plazo máximo de quince días las autorizaciones correspondientes para que los responsables de los cotos cinegéticos puedan ejercer el control pertinente. Esto a diferencia de la caza puede realizarse cualquier época del año.

También, se iba a evaluar la siniestralidad viaria provocada por corzos, ciervos y jabalíes de cara a permitir más cacerías, ya que en lo que respecta a los atropellos a los animales hasta la modificación de la Ley de Seguridad Vial, en mayo de 2014, el responsable era el propietario del coto adyacente o de la Administración encargada de la vía si ésta no se encontraba en condiciones o estaba mal señalizada, pero con el cambio de la norma mencionada la responsabilidad pasa a recaer generalmente en el conductor, salvo que el accidente se haya producido «como consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes», cuando debe asumirlo el propietario del coto, o la Administración, si ha sido «como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentabilidad por colisión de vehículos con los mismos».