Las cuentas pendientes del regadío

Castilla y León es de secano. Las consecuencias ya visibles del cambio climático le invitan a ponerse las pilas en materia de regadíos. Las Organizaciones profesionales agrias (Opas) autonómicas marcan tres pasos para alcanzar a las comunidades que, como Andalucía, están en el top de las superficies regables: consolidar, aumentar y modernizar. A los que suman otro factor clave: recuperar las inversiones en infraestructuras hidráulicas.

La última radiografía regional disponible, plasmada en la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (Esyrce) del año pasado, recoge 448.680 hectáreas de regadío. No llega al 13% del total. El liderazgo del secano continúa, por tanto, con más de un 87% del terreno en su poder. Esto no es suficiente para las Opas, como tampoco lo es el planteamiento del Ejecutivo autonómico. Coinciden en la necesidad de ir más allá de las 30.000 hectáreas para poder saldar todas las cuentas pendientes.

El presidente regional de Asaja diferencia las parcelas regadas en función de la procedencia de su sustento: cerca de 400.000 hectáreas son superficiales, es decir, se nutren con pantanos; mientras que el resto lo hacen con pozos. Para esta organización, todas ellas constituyen «la forma más segura de blindar la cosecha». Una herramienta que, añade Donaciano Dujo, «asienta población y permite una variedad de cultivo que el secano no contempla».

Con este telón de fondo, recuerda las propuestas ya planteadas para esta legislatura: un incremento de los regadíos así como la modernización de los existentes que «ya están obsoletos» y que cifra en 120.000 hectáreas. «Es urgente su actualización para un mejor manejo con su correspondiente ahorro de agua y otros costes», considera antes de contextualizar su premura con una «climatología que se niega a dar lluvias». Para no depender de la misma, dice, «es más necesario que nunca tener la superficie de riego asegurada».

Esta seguridad se extrapola, a juicio del coordinador de la alianza UPA-COAG, «a la rentabilidad de las explotaciones o, al menos, a su mantenimiento con independencia de los problemas del cambio climático». Aurelio González insiste en aumentar el terreno regable «lo máximo posible» y hacer un «importante esfuerzo» para modernizar lo que hay actualmente. «Castilla y León, hasta ahora, era una zona con agua que en situaciones normales no necesitaba más», recuerda para fijarse en un «escenario de sequía en el que se vuelven imperantes la modernización y la apuesta por las nuevas tecnologías para conseguir un uso más eficiente del agua». También apunta a la investigación de «semillas que consuman menos recursos» así como para «reducir costes eléctricos con un fuerte impulso a los pozos y canales, donde puede aprovecharse la energía solar».

Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) avalan este desafío «siempre y cuando» su consecución se blinde «con infraestructuras hidráulicas, con más embalses y pantanos». Su responsable, Jesús Manuel González Palacín, invita a «recuperar» estas inversiones. «Uno de los mayores recursos que tiene esta Comunidad es el agua, pero no sabemos sacarle partido: se nos escapa en invierno y no lo almacenamos para cuando es necesario en verano», reprocha tras señalar que hay «muchos ríos sin regular».

Hablar de modernización es, valora, «la tendencia política de los últimos años». La UCCL está de acuerdo con ella pero, como insiste su máximo representante, «no es incompatible con nuevas infraestructuras». Partiendo de esta necesidad, pide subsanar la «deuda histórica» de la región con más hectáreas de regadío.

«Estratégico»

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural toma nota de estas recomendaciones para seguir perfilando lo que tilda de factor «estratégico» para este sector y que relaciona «directamente con el mantenimiento de la población en el medio rural, la garantía de las rentas asociadas a las explotaciones, la incorporación de jóvenes y el rejuvenecimiento, la vinculación a la industria agroalimentaria y, en definitiva, la generación de actividad necesaria para garantizar el futuro».

El germen del compromiso del Gobierno regional con esta cuestión se remonta a 2002, cuando se aprobó el Plan Nacional de Regadíos que ha propiciado, según recapitulan desde el departamento del ramo, la transformación de 35.000 hectáreas a regables y la modernización de otras 110.000. La presente legislatura recoge el testigo de este «esfuerzo continuado» con el Programa de impulso de infraestructuras agrarias de interés general, que contempla actuar en 30.000 hectáreas hasta el 2023. Para poner las cifras sobre el terreno está prevista una inversión de casi 285 millones, de los que la Junta de Castilla y León responderá de 135,7.

En lo que lleva de andadura, el equipo de Jesús Julio Carnero ya ha dado pasos para «avanzar en este propósito». Ejemplo de ello, señalan, es la licitación de las actuaciones para el regadío de Valoria la Buena (Valladolid) en 374 hectáreas con más de tres millones. «Muy próxima» está, adelantan, la de la intervención en Becerril del Carpio (Palencia) que abarca 1.792 hectáreas, de las que 140 ya son regables, con cerca de 4,7 millones. También está el tanto del convenio entre la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y la Comunidad de Regantes del Campillo de Butraigo, en Soria, que contempla 2.619 hectáreas y más de 19,6 millones. Para el futuro más inmediato, en el que ya trabajan, están puestos sobre la mesa casi 60 millones. Algo más de 17,4 apuntan a la modernización del sector VII Páramo Bajo en León y Zamora, que abraza unas 3.551 hectáreas. Mientras que el grueso de esta partida, cerca de 43 millones, irá a la zona salmantina de La Armuña para una de las transformaciones «más importantes a desarrollar en la Comunidad», con 6.577 hectáreas.

Las coincidencias parecen evidentes: Castilla y León debe hacer un fuerte esfuerzo para sanear sus cuentas, con más regadío y más moderno, para liberarse de los antojos de la climatología.