La PAC del Brexit

las primeras filtraciones sobre el documento que el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, tiene previsto presentar a finales de noviembre sobre la reforma de la Política Agrícola Común, han abierto el debate y las especulaciones, especialmente en torno al presupuesto. Se trata aún de un borrador en tramitación interna que todavía puede sufrir cambios, y que está en periodo de consultas, aunque la realidad es que ya están sobre la mesa las primeras conjeturas en torno a la Comunicación que ha hecho pública la plataforma www.arc2020.eu.

En las propuestas que se recogen en el borrador se habla de dirigir los pagos directos de manera «más efectiva» con el fin de garantizar ingresos a todos los agricultores de la UE. En este sentido, el documento de reflexión propone un tope máximo de pago directo por beneficiario de entre 60.000 y 100.000 euros. Un enfoque hacia aquellos que dependen de la agricultura para ganarse la vida.

Y es que el borrador provisional reconoce que el hecho de que el 20% de los agricultores reciban el 80% de los pagos provoca a veces acusaciones de «injusticia». De ahí que se apueste por una PAC más simple y más efectiva. No hay nada definitivo aún, aunque lo cierto es que en el escenario actual sigue sobrevolando la opción del copago como posibilidad para las ayudas directas en el próximo marco financiero. Una cofinanciación que España no está dispuesta a admitir. Es más, el Gobierno y las comunidades autónomas insisten en que no se debe aceptar una reducción del presupuesto de la PAC.

El objetivo prioritario en estos momentos es una Política Agrícola Común fuerte, «bien dotada» y adaptada a nuestro país. Elementos amenazados por los efectos del Brexit y de los recortes. El propio comisario de Agricultura reconocía en una visita reciente a España que la salida del Reino Unido de la UE reducirá el presupuesto comunitario en 9.300 millones de euros, lo que va a suponer un recorte de unos 3.600 millones para la PAC post 2020 «en el peor de los escenarios». No hay que olvidar que las ayudas directas suponen el 40% de la renta de los agricultores españoles y de Castilla y León.

Las primeras propuestas que llegan desde Europa están siendo ya analizadas por un sector que es consciente de las mermas en el presupuesto que puede provocar la salida del Reino Unido de la UE. Para Tomás García Azcárate, experto en política agraria, la propuesta planteada en el borrador filtrado en torno a un pago máximo por beneficiario responde a una «hábil» maniobra por parte de la Comisión, que pone así la «patata caliente» en la mesa del consejo del Parlamento Europeo. Y es que, en su opinión, lo que dice la Comisión en este documento es claro: «que paguen los ricos o cofinanciamos». Una opción dentro de otras muchas que pueden presentarse aún hasta finales de noviembre.

Lo cierto es que, como reconoce Azcárate, el debate sigue estando en torno a dónde se recorta el dinero y, en este sentido, asegura que España debe seguir trabajando para lograr ponerse de acuerdo en torno a una opción que responda a una «visión global de país». «En estos momentos, apunta, «no hay ni dinero ni agua para todo y para todos».

El reto no es sencillo, especialmente si persiste la posibilidad del tope obligatorio de los pagos directos. Y es que la limitación hasta 100.000 euros «no sería neutra entre regiones». Estamos hablando de quitar dinero a Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía y dárselo a Castilla y León, Valencia y Cataluña. El debate está abierto actualmente, y también los posibles movimientos hasta lograr una posición definitiva que, por experiencia, puede albergar aún muchas modificaciones.

El borrador de Comunicación hecho público se refiere también a una PAC «más orientada a los resultados», otorgando a los Estados Miembros un papel más importante en la implementación de la PAC. De esta forma, la propuesta es que cada país elabore una estrategia nacional que cubra tanto el primer como el segundo pilar y se marquen unos objetivos. La ventaja, según Azcárate, es que España podría contar con medidas más adaptadas «a lo que se necesita», siempre que no haya después «una interpretación retroactiva» en los controles. Se contempla también que se pueda transferir dinero del primer pilar al segundo sin cofinanciación, es decir, seguir con la estructura actual.

Según este experto, la Comunicación sobre el futuro de la PAC no presenta «grandes cambios» respecto al mercado, aunque la intención ya expuesta desde Europa es «abrir el melón» de la cadena alimentaria el año que viene. Conscientes de que la agricultura se ve fuertemente afectada por unos precios volátiles, desastres naturales, el clima, las plagas o las enfermedades, se habla de establecer un marco adecuado para que el sector agrícola aborde con éxito los riesgos y crisis. A las herramientas de gestión de riesgos actual, se añaden otras complementarias como el respaldo para el reaseguro de fondos mutuos o incentivos para el ahorro precautorio.

Todo ello en un contexto que promueve el desarrollo tecnológico y la digitalización como componente principal de la nueva PAC; el refuerzo al cuidado del medio ambiente y la acción climática; y que busca atraer nuevos agricultores. «La renovación generacional, dicen, debería convertirse en una prioridad en un nuevo marco político».

La atención está centrada ahora en la reforma de la Política Agrícola que la UE está perfilando aún para el período 2021-27. En España, la PAC 2018 traerá también algunas novedades que se resumen a continuación (cuadro adjunto). Aspectos que se recogerán en un próximo Real Decreto.