Valladolid se blinda para la Vuelta

Valladolid estará en la boca de todos el próximo jueves con motivo de la contrarreloj que, al igual que hace dos años, decidirá o determinará la Vuelta Ciclista a España con solo tres días de carrera por delante. El gran foco mediático y el hecho de que sea una contrarreloj individual, donde el control de seguridad se hace complicado por el riesgo continuo de invasión de la calzada a lo largo de los 27 kilómetros de ruta por las calles de Valladolid, ha puesto en estado de alarma no solo a la ciudad, con su alcalde a la cabeza pidiendo cordura en las manifestaciones convocadas por la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid focalizada en nada menos que once puntos diferentes del recorrido, casi consecutivos, desde la salida en san Pablo hasta la línea de meta ubicada en el cruce del Paseo de Zorrilla con el Paseo de Filipinos.

La contrarreloj individual de este jueves en Valladolid, en estado de jaque ante las reacciones permanentes y ya habituales contra la participación del equipo israelí Israel Premier Tech en la ronda española, tendrá un despliegue de seguridad sin referentes para evitar incidentes, cualquier protesta de forma violenta y también preservar la seguridad de los ciclistas evitando cualquier intento de sabotaje. 

Así, un total de 300 agentes de la Policía Nacional y 150 guardias civiles en tareas de seguridad vial conformarán el despliegue de seguridad de la Vuelta ante su parada y posta en Valladolid ante los indicios de posibles acciones violentas en protesta por la participación de un equipo israelí, según reconocía el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, en declaraciones recogidas por la Agencia Efe. «Tenemos indicios de que se están organizando para realizar acciones que van más allá de poner banderas fuera del recorrido», que ha apuntado a grupos radicales vallisoletanos y de provincias limítrofes.

El subdelegado del Gobierno, coincidiendo con el alcalde Jesús Julio Carnero, no duda en hacer un llamamiento con destino a los manifestantes pro Palestina y contra el genocidio en Gaza. «Hay formas de protestar sin alterar la prueba y sin poner en riesgo a los participantes».

Por su parte la asociación profesional de guardias civiles IGC exige a la Delegación del Gobierno de Castilla y León que priorice la seguridad operativa de los corredores y los agentes que les abren paso en la contrarreloj y que sancione con rigor cualquier intento de sabotaje. Cabe recordar que de interrumpir la carrera, los infractores se enfrentan a multas (sanciones administrativas) en aplicación de la ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que van desde los 150 y los 6.000 euros si son leves, entre los 6.000 y los 60.000 euros sin son graves, y desde los 60.000 hasta los 650.000 euros si son muy graves.