POLÍTICA | CUARTO GOBIERNO DE MAÑUECO
La vicepresidenta segunda sustituirá a Mañueco en sus ausencias y ocupará el ‘ala oeste’ de Presidencia
El vicepresidente Pollán instalará su despacho en la antigua sede de la Consejería de Familia

Mañueco y Blanco en una imagen de archivo.
Vicepresidenta ‘segunda’, sí, pero solo de cara a la galería. En el fondo, Isabel Blanco tendrá atribuciones propias de la mano derecha del presidente, como la de sustituir al titular de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en caso de ausencia. Además, como en el dicho aquel de dime con quién andas y te diré quién eres, Blanco instalará su despacho, según fuentes de la antigua Consejería de Familia consultadas por este periódico, en el ‘ala oeste’ del Colegio de la Asunción, en el círculo más caliente del poder, en el complejo donde tiene su sede la Presidencia de la Junta.
El vicepresidente ‘primero’ y primer cargo del segundo partido de la coalición de gobierno, Vox, Carlos Pollán, recalará sin embargo bastante más lejos. Se instalará, según apuntan las mismas fuentes, en las dependencias de la antigua Consejería de Familia.
Isabel Blanco Llamas repite en la Junta de Castilla y León, aunque ya no será vicepresidenta única. Así lo establece el nuevo Decreto 2/2026 de 13 de junio, de reestructuración de consejerías, publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Un decreto que configura el nuevo organigrama de la Junta, y que detalla la existencia de dos vicepresidencias: una primera ocupada por Carlos Pollán (Vox), al frente de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, y una segunda bajo control del PP, liderada por Blanco. Esta última, aunque no posee una cartera específica, ostenta atribuciones adscritas directamente a la Presidencia.
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En cuanto a sus funciones, Isabel Blanco contará con facultades administrativas de calado, gestionando tanto la ejecución presupuestaria como los créditos asignados anualmente. Sus competencias abarcan un amplio espectro en la administración de recursos como contratación pública, con potestad total sobre los procedimientos, desde su inicio y aprobación de expedientes hasta la adjudicación y formalización de los contratos.
También se encargará Isabel Blanco de subvenciones y convenios. Será la responsable de gestionar las convocatorias y resoluciones de concesiones. Asimismo, podrá suscribir convenios administrativos con entidades públicas y privadas.
Por otro lado, tendrá atribuciones de gestión presupuestaria, con capacidad para iniciar y resolver cualquier procedimiento administrativo que derive de la gestión de los fondos presupuestarios que le sean asignados.
Adicionalmente, «la Vicepresidencia Segunda ejercerá funciones en materia de protección ciudadana y seguridad pública, coordinación de policías locales y emergencias de Protección Civil; espectáculos públicos y actividades recreativas; ordenación del territorio; despoblación; urbanismo, suelo, arquitectura, vivienda y rehabilitación; mujer e igualdad de oportunidades», reza el texto del Decreto en el artículo 2.3.
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De forma transitoria, para mantener la operatividad de los distintos departamentos de la Junta de Castilla y León, el Decreto establece que hasta la entrada en vigor de los correspondientes decretos de estructura orgánica –un importante paso en esto se dará este jueves con la aprobación del nuevo organigrama–, todos los órganos actualmente existentes con rango inferior a Consejería conservarán su denominación y atribuciones, bajo la dependencia que se dispone en la norma.
Además, hasta la entrada en vigor de los correspondientes decretos de estructura orgánica, la estructura administrativa de la Secretaría General de la anterior Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades actuará como Secretaría General para la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, bajo la dependencia orgánica del titular de esta Consejería.
Por último, para asegurar el correcto funcionamiento de todas las áreas del Gobierno autonómico, la norma autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda, liderada por Carlos Fernández Carriedo, a efectuar o, en su caso, proponer, las transferencias y habilitaciones de crédito necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto.