JUICIO TRAMA EÓLICA 2025
Mantero apunta a Delgado: «Villanueva y la viceconsejera empezaron a sospechar de Delgado en 2009 y le retiraron las competencias»
El ex director del EREN acusa al ex viceconsejero y ex secretario general de Economía de excluir a promotores que rechazaban a socios locales
El consejero de Economía y la número dos encargaron «a mitad de legislatura» a miembros del EREN que investigasen quiénes figuraban como consejeros en distintas sociedades mercantiles

Primera vista oral del juicio de las eólicas en una foto de archivo.
El que fuera director del Ente Regional de la Energía (EREN) y director de Energía y Minas hasta 2019, Ricardo González Mantero, se convirtió este lunes en uno de los principales testigos de cargo del juicio de las eólicas, al señalar, pocos minutos después de comenzado el interrogatorio, al ex viceconsejero y ex secretario general de Economía, principal acusado de la trama eólica, Rafael Delgado. En respuesta a preguntas del fiscal anticorrupción, Tomás Herranz, aseguró que era Delgado el que se encargaba de exigir a los promotores la participación de determinadas empresas locales y, si estos no consentían, paralizar sus expedientes.
Según el testimonio de Mantero, el consejero de Economía en tiempo de las eólicas, Tomás Villanueva, y la viceconsejera Begoña Hernández, sospecharon de las actividades del ex viceconsejero y entonces secretario general de la Consejería, Rafael Delgado, en 2009. «Hacia la mitad de la legislatura, aproximadamente» precisó Mantero al inicio de su interrogatorio en la tercera sesión del juicio.
El testigo, que continuó su declaración por la tarde y seguirá en la sesión de este martes, aseguró, sobre Delgado: «En el año 2007 él me traslada que aunque la competencia de los parques eólicos debería caer en la nueva viceconsejera, las iba a seguir llevando él. Eso dura hasta la mitad de la legislatura, año 2009 aproximadamente», remarcó.
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Mantero relató que el consejero y la viceconsejera debieron de detectar alguna conducta que les llevó a desconfiar de Rafael Delgado. «Entonces me comunican que ellos se van a encargar ahora de esos temas», apuntó. «En el año 2009 recibo una indicación directa de la viceconsejera para que mirara quiénes figuraban como consejeros en distintas sociedades promotoras», añadió.
Mantero fue nombrado en mayo de 2005 director del EREN. A finales de 2007 le nombraron director general de Energía y Minas y fue director de los dos ámbitos hasta 2019. El 1 de agosto le cesaron y volvió a su puesto como jefe de departamento de Relaciones Externas, Estudios y Formación del EREN.
Mantero consideró «innecesaria» la instrucción 22/04 de la Dirección General de Energía y Minas, que aumentaba el control y supervisión de las empresas que tramitaban expedientes para la construcción de parques eólicos. Se trataba de una instrucción por la que toda la información debía pasar por instancias superiores, y establecía una avocación (es decir, atraía a instancias superiores asuntos o causas cuya decisión correspondería a un órgano inferior). Esa ‘avocación’, finalmente, facultaba al viceconsejero a visar o no determinados expedientes.
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Cuando el director general de Energía y Minas, Manuel Ordóñez se ausentó por una baja médica, enero y abril de 2005, le sustituyó Rafael Delgado. «Él me citaba muy a menudo en Valladolid», relató Mantero, que explicó de forma prolija cómo estaba encargado de elaborar los listados de los expedientes de parques eólicos en tramitación.
Unos listados con los que se pretendía «ajustar la potencia que se terminaba autorizando en cada nudo de la red a la capacidad que nos había trasladado Red Eléctrica que había». Y es que «ahora para poder autorizar un parque eólico uno de los requisitos es que haya acceso y conexión, pero en aquella época eso no era así» y la vigilancia «la ejercíamos desde la Administración».
Cambio
Cuando el viceconsejero, Rafael Delgado, pasó a ser secretario general de Economía, en el año 2007, «él me traslada que, pese a que teóricamente las competencias debían caer en la nueva viceconsejera, que, sin embargo, de la eólica se iba a seguir encargando él», explicó Mantero al tribunal. «Eso dura más o menos hasta mitad de la legislatura, vamos a decir, hasta el año 2009, más o menos. Que ahí se detecta una desconfianza en el consejero y la viceconsejera hacia lo que estaba ocurriendo. Y entonces la viceconsejera, Begoña Hernández, me dice que pasa ella a encargarse de estos temas».
Se trata de un tiempo en el que no recibió indicaciones del consejero, ya desaparecido, Tomás Villanueva: «Una vez al año, más o menos, le informábamos de cómo iban las cosas, concretamente en este tema de la eólica», apuntó el ex director del EREN. «Pero él, hasta el año 2009, más o menos, no recibe una indicación directa que me transmite la viceconsejera, que fue la de comprobar en el registro mercantil quiénes estaban en varias sociedades que nosotros, inicialmente, pensábamos que eran solamente del grupo Preneal».
El ex director del EREN continuó señalando a Delgado: «Cuando había algún parque eólico o algún propietario de algún parque eólico con el que él no estaba contento en cuanto a que pudiera entrar algún socio local, mandaba retirarlo de los listados», relató. Los técnicos no llegaban a retirarlo, según el testimonio del testigo, pero «lo que hacíamos era quitarle un resalte que había, que era de los parques que realmente iban a pasar a tramitación por los servicios territoriales».
El interrogatorio puso sobre el tapete una prolija reata de listados de parques eólicos que Mantero se encargaba de elaborar en el EREN, y que servían para conocer el avance de las tramitaciones de los parques en cada uno de los nudos de evacuación.
El fiscal iba preguntando sobre compañías, socios locales y el contenido de los listados. Recaló en concreto en el caso de Iberdrola, para conocer si el 14 de febrero de 2005 ya tenía Iberdrola algún acuerdo con socios locales. «No, no, todo lo contrario», respondió Mantero.
El ex director del EREN relató en ese momento una reunión reseñable: «No recuerdo ya la fecha, pero desde luego fue posterior a febrero, probablemente de marzo de 2005, donde se trasladó a Iberdrola por parte del viceconsejero cuáles eran sus intenciones de dar entrada a socios locales en los parques de Iberdrola. Y de esa reunión no me olvido, porque fue una reunión muy curiosa, porque allí se enfadaron mucho los de Iberdrola. y el viceconsejero al principio».
Mantero continuó su declaración: «El viceconsejero se fue, me dejó a mí solo con los de Iberdrola y prácticamente a los pocos momentos se avinieron a todo lo que les habían pedido». «Yo entré en la reunión acompañando al viceconsejero, estábamos por parte de lo que es Junta de Castilla y León, el viceconsejero y yo, y por parte de Iberdrola yo creo que estaban, si no recuerdo mal, Ricardo Bravo y Antón Navarro, y se les entregó un documento de los socios locales que el viceconsejero pretendía que entrasen en los parques de Iberdrola. Se negaron, además de forma bastante... Vamos, que lo expresaron claramente, que se negaban».
En ese momento «el viceconsejero se levantó de la reunión, se fue». Sin embargo, «al cabo de muy poco tiempo me dijeron que sí, que se avenían a lo que se les había pedido».
También relató otros episodios destacados, como los referidos a los parques Canteruela y LasPardas. En las observaciones de los listados figuraban distintos incrementos de potencia.
«Estos dos parques, que tenían un 80% de socios alemanes, y un 20% de un promotor local, de Valladolid, Rafael Mozo (no entiendo por qué no contaba como socio local), se pretendía que estos parques se vendieran o dieran entrada a un socio local. Rafael Mozo era el interlocutor, no estaba en absoluto de acuerdo, hubo serios problemas e incluso llegó a intervenir la embajada de Alemania con quejas y escritos a la Junta de Castilla y León».
Mantero continuó declarando sobre la dinámica que se instauró para lograr que las grandes eléctricas dejaran entrar en su accionariado a empresarios locales para que sus proyectos no fueran olvidados en un cajón.
«Por evacuación»
El testigo aseguró que Delgado era quien establecía el filtro y hacía y deshacía, aun contraviniendo el procedimiento: «Cuando Delgado no estaba contento porque había algún promotor que ponía pegas a la entrada de socios locales, daba orden para retirar ese parque del listado. Nosotros le decíamos que no era posible porque esos parques ya habían superado la fase de competencias y estábamos ante actos reglados y debidos», explicó mantero en declaraciones que recogió Europa Press.
«Él justificaba la exclusión en que había una competencia por evacuación y es cierto que había más potencia que la solicitada, pero esa no era una fase del procedimiento administrativo», advirtió.
A preguntas del Fiscal, el testigo recordó también cómo el listado de promotores de parques que él elaboraba personalmente, con los colores de un semáforo según el estado de los proyectos, comenzó a modificarse por indicación de Delgado con la incorporación de nuevas columnas, de forma que si hasta el 10 de junio de 2003 la Dirección General de Energía y Minas no contemplaba la incorporación de socios locales como requisito, a partir de esas órdenes dictadas por el acusado los nombres de empresarios locales comenzaron a aparecer desde enero de 2005.
«Hasta entonces la estructura de las listas era solo para saber el nombre de los promotores y qué potencia se podía meter en cada nudo para no rebasar la autorizada por Red Eléctrica», explicó Mantero, que también hizo referencia a otro encuentro al que fueron citados todos los jefes de los servicios territoriales de Industria en el que se entregó a éstos un listado definitivo, con inclusión de socios locales, que recogía los parques eólicos que había que favorecer.
En el caso de los parques que Iberdrola promovía a través de Biovent y en los que tuvo que dar participación, al 40%, a Grupo San Cayetano, uno de cuyos propietarios, Alberto Esgueva, logró un supuesto ‘pelotazo’ de 47 millones de euros frente a una inversión de 24.000 euros, el testigo reconoció que la única consigna» de Delgado era que «estuvieran más avanzados en la tramitación», después de que el viceconsejero remitiera a la eléctrica un correo el 12 de diciembre de 2005 con la propuesta para la entrada de dichos socios.
«No veo ninguna lógica en que Iberdrola dejara entrar a estos socios, porque tenía todo lo necesario para desarrollar los proyectos en solitario», apuntó González Mantero, cuyo interrogatorio se prolongó durante toda la jornada, en sesión de mañana y de tarde, acaparado por el fiscal, con lo que las preguntas del resto de las partes fueron pospuestas para hoy martes.
El testigo reconoció que alguno de los proyectos se llegó a retrasar por espacio de tres años. «Es un ejemplo claro de retrasar la avocación hasta que se ha accedido al deseo de la venta del parque, cuando lo normal es que se hubiera avocado tras la declaración de impacto ambiental», reconoció.
Sigue La declaración de Mantero y desplaza a los demás testigos
La declaración del ex director del EREN, Ricardo González Mantero, que en un principio estaba prevista para la mañana de este lunes, se prolongó hasta la tarde y solo dio tiempo a que lo interrogara el fiscal, por lo que su testimonio continúa en la sesión de este martes, la cuarta del juicio, que previsiblemente se prolongará también hasta la tarde. Desplaza, así, al testigo previsto para este martes.
El juicio de la trama eólica retomó ayer las sesiones tras una pausa desde el 16 de septiembre. Las vistas del 15 y 16 de septiembre, sirvieron para resolver las cuestiones previas. La sesión de hoy será la cuarta del proceso, la segunda de las ocho que se celebrarán en octubre. Otras 12 están previstas para noviembre, 9 para diciembre y 12 para enero.
Serán, en total, 43 sesiones. Entre octubre y diciembre comparecerán los 84 testigos y 19 peritos propuestos por las diferentes partes, comenzando por las acusaciones y terminando por las defensas. Tras ellos, previsiblemente a partir del 10 de diciembre, tendrán lugar las declaraciones de los 15 acusados. Después, se desarrollarán las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.