La Junta afirma que la Ley de Concordia servirá para "superar el frentismo"

La rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles, adelantado un día por la festividad de Jueves Santo, estuvo marcada por la polémica proposición de Ley de Concordia presentada el día anterior por PP y VOX en las Cortes de Castilla y León. Una iniciativa que, a juicio de la Junta, servirá para "superar el frentismo", un paso que consideran necesario, y también para "reconocer los derechos de todas las víctimas, también las de la dictadura franquista".

Precisamente, la total ausencia del término dictadura a lo largo de todo el texto ha sido uno de los aspectos más polémicos, y por eso el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, dejó clara su postura al respecto a preguntas de los periodistas. "Por supuestos que desde la Junta condenamos la dictadura franquista", aseveró.

Por otro lado, Carriedo también consideró "muy positivo" elevar a rango de ley la concordia porque permite "regular mejor los derechos de las víctimas". "Seguro que a quien no le gusta es a Bildu y a sus socios", opinó, al tiempo que recordó que la modificación de la Ley de Memoria Democrática del año 2022 fue redactada en su práctica totalidad por la formación política vasca.

El portavoz de la Junta de Castilla y León defendió que esta norma "es para buscar los puntos en común y para superar los problemas del pasado", y por eso puso en valor el "esfuerzo de concordia y de rechazo a la dictadura franquista".

Asimismo, en cuanto a esa polémica acerca de la terminología que el texto incluye o no, Carriedo apeló al debate parlamentario. "El parlamento tendrá que opinar y hacer las enmiendas que crean oportuno", defendió, y consideró que "lo bueno de una proposición de ley es que da lugar a que los grupos opinen". "Dejemos trabajar al parlamento", insistió, al mismo tiempo que no cerró la puerta a cambios si se alcanza un consenso. Eso sí, "si lo que se busca es que la normativa sea del gusto de Bildu, la negociación es más difícil", advirtió.

Junto a Fernández Carriedo quien también compareció ante los medios de comunicación fue el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que a pesar de participar en la cita por otro asunto, fue preguntado en varias ocasiones acerca de la Ley de Concordia por ser su departamento el que estará encargado de esta cuestión como lo está ahora de la memoria histórica.

Por un lado, y cuestionado acerca del coste que tendrá para las arcas de la Junta esta nueva ley cuando salga adelante, algo más que previsible dada la mayoría parlamentaria que ostenta el PP y VOX, González Gago recordó que al haberse tramitado como proposición de ley y no como proyecto, el texto no cuenta con memoria económica. "Pero puedo decir que la aplicación de esa ley implicará recursos económicos", matizó. "La comunidad autónoma en la actualidad está destinando unos recursos tanto propios como ajenos y es una de las cuatro que todos los años agota el conjunto de créditos que se destinan a Memoria Democrática. Como mínimo se seguirán destinando esos fondos", puntualizó.

Por otra parte, González Gago aclaró también que "el texto de memoria democrática es un texto en el que se viene trabajando por los dos partidos (PP y VOX) desde la conformación del gobierno regional". "Han participado en las negociaciones los grupos parlamentarios y han contado con la colaboración del gobierno autonómico porque es el que gestiona día a día este tipo de expedientes", agregó.

En la misma línea, el consejero de la Presidencia afirmó que las asociaciones en defensa de la Memoria Histórica están reconocidas a lo largo del articulado, así como su "interés público", además de que se crea un directorio oficial de las que actúan en Castilla y León. "Hay un reconocimiento total y absoluto de su participación en lo que se refiere a la Memoria Democrática y concordia", subrayó González Gago.

Igualmente, y acerca de las críticas por la ausencia de la palabra dictadura, el consejero opinó que "la importancia de las normas jurídicas está en su articulado". "Quizá estamos cargando mucho en la parte expositiva previa cuando es una ley que contiene 20 artículos", dijo, lo que supone que supera en cuatro al decreto vigente a día de hoy. "La parte expositiva no deja de ser la figuración del marco global", apostilló.