Los inspectores educativos reclaman más autonomía y recortar al 15% su ‘interinidad’

Son los grandes desconocidos de la Educación y, sin embargo, la figura del inspector educativo lo abarca prácticamente todo. Controla, supervisa, asesora, evalúa, orienta, informa... desde el proceso de escolarización del alumno, sus resultados académicos, la dotación de profesorado, hasta sus horarios y faltas de asistencia. También del funcionamiento de los centros, las programaciones didácticas utilizadas, los nuevos programas... e incluso intervienen en casos de graves conflictos en las aulas.

Son «los ojos y los oídos de la Administración en los centros». Toda cae bajo su lupa; en la pública y en la privada. Y, a pesar de ello, se rigen por un decreto de hace 16 años que, como reconoce la propia Consejería de Educación, ha quedado «obsoleto» y «no se adecúa a los retos» actuales que tiene la enseñanza.

Para solventar ese déficit, el departamento que lidera Rocío Lucas tiene sobre la mesa el borrador de un nuevo decreto que, según expone, plantea «un nuevo enfoque de actuación de la inspección educativa» para «aumentar el impacto de sus actuaciones como motor de mejora de la calidad del sistema educativo».

Los inspectores de Castilla y León coinciden en el diagnóstico: excesiva carga burocrática, demasiada dependencia de la Consejería, exagerada tasa de accidentalidad –o lo que es lo mismo interinidad– o retribuciones inferiores a las de la media del país. Y también coinciden en la receta: revisión de sus tareas, más autonomía, oposiciones periódicas y subidas salariales.

Así el presidente autonómico del Sindicato de inspectores (USIE), Alberto Natal, expone que de los 120 inspectores de Educación que trabajan actualmente en Castilla y León –tres menos que en el curso 2008-2009–, prácticamente el 60% son interinos.

«No es razonable que se hayan jubilado compañeros siendo inspectores accidentales», denuncia Natal. A esa situación se ha llegado, tal y como expone, después de que solo se hayan celebrado dos oposiciones en los 20 años en que Castilla y León lleva con la Educación en sus manos, «más el proceso que se está realizando ahora con 30 plazas».

Por ello, Natal exige que el futuro decreto «recoja la obligatoriedad de que se realicen concursos-oposiciones de forma periódica» y que la tasa de interinidad en el cuerpo de inspectores «no supere en ningún caso el 15%». La presidenta del Sector Autonómico de Educación de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga, lo concreta en «ofertas de empleo público anuales» que pemitan «dar estabilidad al cuerpo».

No es un petición que le vaya a resultar novedosa al nuevo equipo de la Consejería. Ya lo viene advirtiendo el Consejo Escolar en sus memorias anuales: «En los últimos años la Administración ha abusado de la figura del inspector accidental». De ahí que recomiende que los procesos selectivos para el Cuerpo de Inspectores se realicen «con más asiduidad», lo que evitaría «eventualidades prolongadas».

Madruga añade su petición de que se limite «el tiempo de permanencia en esa situación de interinidad» y que «exista una regulación nacional y uniforme para acceder a la figura de inspector accidental». Es decir, «transparencia en los procesos selectivos. Hasta 2016 el único requisito para ser inspector accidental era pasar una entrevista en la Dirección Provincial de Educación. Apartir de esa fecha, se creó una bolsa, pero cuando ésta se terminó, se volvió a la misma práctica.

En paralelo, USIE reivindica que que los puestos de inspector central o de la inspección provincial sean elegidos por «concurso de méritos» y no como hasta ahora a discrección de la Dirección Provincial.

Por tanto, más estabilidad y una «reducción progresiva de las tareas burocráticas o de carácter estadístico». «Si nuestra misión es ser los ojos y los oídos de la Administración, tendremos entonces que ir allá donde se pueda ver y oír: los centros», subraya el responsable autonómico de USIE, quien calcula que esas tareas que de alguna forma las considera impropias ‘roba’ a los inspectores «el 70 o el 80%» de su tiempo. Reclama, por tanto, «más trabajo de campo, y menos de despacho».

Natal considera que por «inercia todo ha ido cayendo al saco de los inspectores» y que la Administración «ha abusado» del artículo de la Ley nacional de la Inspección educativa que dice que se podrá recurrir a los inspectores «sobre cualquier aspecto relacionado con las tareas educativas que le sea requerido por la autoridad educativa».

A juicio de todos, los inspectores deben recuperar su función primordial»: contribuir a la mejora del sistema educativo, «y no ser oficinistas, pidiendo solo papeles a los centros», apostilla Madruga.

«O se optimizan las tareas o se amplía plantilla», defiende la Asociación de Inspectores de Educación de Castilla y León» (Adide), que prefiere ser cauta en sus declaraciones a la espera de tener una primera reunión con la consejera de Educación. USIE opta más por pedir, en ese punto, que se «optimicen las tareas».

En otro de los aspectos que coinciden, al menos USIE y CSIF, es en la necesidad de «despolitizar la labor de los inspectores». «La inspección debe ser independiente y profesional», afirma CSIF. USIE manifiesta que debe ser un «órgano independiente, libre de injerencias» políticas en sus actuaciones y que dependa del secretario general, no de una Dirección General.

Existe unanimidad a la hora de reivindicar mejoras salariales. USIE basa su petición en un informe propio realizado a nivel nacional que constata que Castilla y León es, junto a Extremadura, La Rioja, Galicia y Navarra, «la que peor rebribuye a sus inspectores de Educación».

Según este documento, existen diferencias de 1.000 euros entre un inspector con dos sexenios en el País Vasco y en Castilla y León, o de 1.350 euros para uno con cinco sexenios con Ceuta y Melilla. De ahí que su presidente exija la «homologación de retribuciones» con otras autonomías.

Adide propone «equiparar a los inspectores al nivel 28», mientras que CSIF habla de que «las retribuciones de los inspectores estén en consonancia con su responsabilidad y el grado de especialización exigido».

Por último, USIE plantea la necesidad de que todas las actuaciones de los inspectores sean recogidas en un informe anual, que «no solo sirva para engordar los archivos, sino para mejorar el sistema». Ese informe deberían, a su juicio, salir de los despachos y ser presentado en las Cortes o, al menos, en el Consejo Escolar.