La Fundación Siglo se mantiene
Igea afirma ahora que seguirá funcionando, pese a haber mostrado con anterioridad su voluntad de disolverla / «No se puede contratar a los músicos de una orquesta con un régimen administrativo»
Como ya adelantó EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN hace más de un mes, la Fundación Siglo pasaba de ser indultada por los mismo que antes la denostaban.-
La incertidumbre acerca del futuro de los llamados ‘chiringuitos’ sigue a la orden del día. El entramado de entidades, empresas y fundaciones, que se nutren con dinero público y están ligadas a la Administración autonómica, continúa siendo uno de los temas pendientes de concretar desde la Junta de Castilla y León.
La Fundación Siglo y la Fundación Villalar, además de otros 14 entes públicos, copan los examenes «exahustivos» de la Comisión de análisis, creada por el Partido Popular y Ciudadanos. Ambas, a priori, iban a ser disueltas por el Gobierno autonómico, al entender desde el Ejecutivo que sus funciones podían ser transferidas a las consejerías pertinentes y evitar un desembolso de dinero innecesario.
El vicepresidente, portavoz portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, volvió a ser preguntado ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, sobre la Fundación Siglo.
Tras sus propias declaraciones de la semana pasada, en las que afirmaba que veía difícil disolver ‘Siglo’ por sus «complejas características» y sus funciones, Igea aclaró ayer que «hay un tipo de actividades» que se contratan «desde una fundación dedicada a la cultura, algo que ocurre también en el Ayuntamiento de Valladolid». «No se puede contratar a los músicos de una orquesta con un régimen administrativo», añadió.
Las Administraciones públicas que tienen competencias culturales, en su gran mayoría, «funcionan con fundaciones, no es una cosa propia de la Junta», reiteró el vicepresidente del Gobierno autonómico. «Me refería a ese tipo de actividades propias de la cultura que, insisto, no es una cosa de la Administración», concluyó Francisco Igea.
Desde el Ejecutivo afirman que el posible mantenimiento del organismo no estará exento de un control rutinario, supervisión e inspección de la institución central para evitar opacidades, un comportamiento que será validado y respaldado por «la futura Ley de Transparencia».
La transformación y cambio de varias caracterísitcas de la Fundación Siglo buscará un ‘lavado de cara’ y adaptar sus objetivos y fines para que no sea un «ente que eluden el derecho administrativo porque no dan las garantías del derecho administrativo», según las propias declaraciones del miembro de Ciudadanos, en la anterior rueda de prensa, que tuvo lugar después del Consejo de Gobierno de la semana pasada.
En aquella intervención, Igea afirmó que la intención del Gobierno autonómico era «reformar e integrar la Fundación dentro del funcionamiento» de la Consejería correspondiente, «incluso cambiarle el nombre» para realizar un «cambio esencial en el funcionamiento», algo que, en principio, no se cumplirá en su totalidad, si bien el cambio esencial parece mantenerse.
Hay que recordar que la Fundación Siglo nombró, hace pocos días, como nuevo director a Juan González-Posada, cuya investidura se acordó entre el Patronato de la propia fundación y el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Un movimiento que corresponde a una estrategia de futuro para el propio organismo.
El Patronato de ‘Siglo’ consideró que Juan González-Posada tiene el perfil como gestor cultural independiente, de reconocido prestigio y con una larga trayectoria en el mundo de la cultura, que la Fundación necesita para desarrollar una gestión basada en pilares de eficacia, eficiencia, excelencia, equidad y transparencia: eficacia en la organización; eficiencia, con el objetivo de unificar la información y el control de la gestión administrativa, económica y presupuestaria; excelencia en la programación conjunta de todos sus centros y equipamientos, y equidad y transparencia, con la implantación de un programa que vaya más allá de los previsto en la Ley, según recogió Ical.
CONSEJO DE CUENTAS
Por su parte, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, reclamó ayer a la Intervención General de la Comunidad que habilite ya el sistema de «supervisión continua» del sector público, que ya prepara la Junta, para vigilar la gestión de estos entes y determinar si cumplen con los objetivos para los que fueron creados, de forma que si se alejan de ellos puedan ser suprimidos.
Ante la Comisión de Economía y Hacienda, Amilivia explicó que la Intervención General, dependiente de la Junta, trasladó al Consejo de Cuentas, a raíz de un informe de fiscalización de la Fundación Siglo y las Artes de Castilla y León que está «a la espera de un próximo desarrollo normativo», si bien el popular Salvador Cruz avanzó que a finales de año o principios del próximo habrá noticias al respecto.
En ese sentido, el presidente del Consejo expuso que la puesta en funcionamiento de este sistema de control se está comenzando a implantar en el sector público estatal, a través de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA), como en varias comunidades. Por ello, propuso a Castilla y León que pida ayuda al órgano central y que se garantice la coordinación con el sistema de vigilancia que corresponde a la consejería a la que está adscrita el ente público.