Diario de Valladolid

Igea es el primer miembro del Gobierno de la Junta en 36 años que se sienta en el banquillo

El vicepresidente será juzgado mañana por un delito de amenazas contra un compañero de Cs durante las primarias

Francisco Igea, en una imagen de archivo durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.-ICAL

Francisco Igea, en una imagen de archivo durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.-ICAL

Publicado por
Felipe Ramos
Valladolid

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Historia. Eso es lo que será Francisco Igea desde este lunes, a partir de las doce del mediodía. Historia de Castilla y León porque el vicepresidente será el primer consejero en activo de un Gobierno de la Junta que se sienteen el banquillo de los acusados.

Ningún otro responsable del Ejecutivo autonómico había tenido que pasar por el trago de verse ante un juez acusado por un delito. Los ha habido y los hay que fueron o están siendo investigados, pero juzgados como encausados el primero va a ser Francisco Igea. El que más cerca estuvo de pasar por el banquillo de los acusados como miembro de la Junta fue Miguel Pérez Villar, consejero de Economía durante el gobierno de José María Aznar, pero su juicio y posterior condena de ocho años de inhabilitación por prevaricación, al conceder de forma irregular subvenciones a empresas mineras asesoradas por su esposa, llegaba cuando Pérez Villar ya no estaba en la Junta.

De entre los imputados el caso más grave, por el error que supuso ya que después se demostró que no había cometido delito alguno aunque ya había presentado su dimisión como presidente de la Junta, es el caso de Demetrio Madrid quien resultaba absuelto de un delito societario por la venta supuestamente fraudelenta, que después se demostró no era tal, de una empresa textil.

Pero ninguno llegó al banquillo de los acusados como miembro del ejecutivo castellano y leonés. El dudoso honor de ser el primero en estas lides le corresponde al dirigente de Ciudadanos.

El juicio contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, acusado de un delito de amenazas, se celebrará este lunes, 2 de diciembre, en el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid.

Los hechos que se juzgan se remontan al pasado mes de marzo, en la campaña de primarias convocadas por Ciudadanos para elegir candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, proceso que tuvo como aspirantes al propio Igea y a la ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, y que concluía con el sonado pucherazo, que daría la victoria a Igea y que desde Cs aún no se ha aclarado, mientras la Fiscalía de Valladolid mantiene aún abierta la investigación.

Según consta en los hechos de la denuncia, días antes de las primarias, tenía lugar una discusión subida de tono entre el ahora vicepresidente de la Junta y Borja Collantes, militante de Cs Valladolid. A decir en el mismo escrito de denuncia, el encontronazo tuvo lugar en una calle cercana al Ayuntamiento y en presencia de otro miembro del partido, que está llamado a declarar en como testigo. Igea se habría a su compañero de partido diciendóle que «la próxima vez que hables de mi familia te reviento la cabeza», a la vez que le puso el dedo índice entre las cejas, supuesto que Igea ha negado en varias ocasiones.

Antes de este enfrentamiento, en la cuenta de twitter habían aparecido mensajes en los que se aludía a la vinculación familiar de Igea con un imputado en el ‘caso de las eólicas’, el empresario Patricio Llorente, que es su cuñado. «Cuñados y constructores ya tenemos bastantes en Castilla y León», figuraba en uno de los mensajes difundidos en la red social, acompañado de una foto de Igea y Llorente bajo el rótulo de ‘imputado’. Igea mantiene que el usuario de Twitter era el denunciante, algo que Collantes niega y lo atribuye a una ‘cuenta troll’, tal y como se señala en la misma denuncia a la que ha tenido acceso este periódico.

En este proceso, que dura ya meses, el juzgado de Instrucción 5 se declaraba el pasado 24 de septiembre no competente para investigar esta denuncia al entender que la condición de aforado de Igea, como procurador de las Cortes, se lo impedía. Esa era la razón por la que decidía inhibirse y pedir que fuera el TSJ de Castilla y León quien asumiera la causa.

Días mas tarde, el Alto Tribunal emitía un auto en el que consideraba que debía ser el Juzgado de Instrucción vallisoletano el que le juzgara, argumentando que el aforamiento en relación con los ilícitos penales constitutivos de falta, como este caso, quedaba

fuera de su demarcación.

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