«Será complicado cumplir el objetivo de déficit a pesar de los 298 millones de euros de las entregas a cuenta»

El consejero de la Presidencia es un hombre cauto y muy prudente en sus declaraciones. Solo cambia el tono cuando habla de la oposición. Cuestiona el electoralismo de la anunciada entrega de los fondos que el Gobierno adeudaba a la Comunidad, al tiempo que relativiza la tensión creada con los empleados públicos por la recuperación de las 35 horas y la polvareda que levantó el plan de la Consejería de Sanidad para los consultorios rurales.

Pregunta.– Usted dijo en su comparecencia en las Cortes que esta iba a ser una legislatura de pactos y acuerdos. No han empezado con buen pie.

Respuesta.– Bueno. Puede ser una interpretación. Lo primero que hice cuando tomé posesión como consejero fue reunirme con los sindicatos y expresarles que llegar acuerdos era mi voluntad a lo largo de la legislatura. Estoy convencido de que se llevará a buen término.

P.– Lo que tenemos de momento son empleados públicos soliviantados y el mundo rural, cuanto menos, preocupado.

R.– Sobre los funcionarios, hay un compromiso inequívoco en avanzar en cuestiones que les afectan de forma importante en esta legislatura, y estamos convencidos de hacerlo. Por tanto, si en estos momentos existiera algún tipo de incertidumbre estoy seguro de que se despejará a lo largo de las próximas fechas. Respecto al mundo rural, tengo la posibilidad de moverme mucho por ese ámbito y nadie me traslada esa percepción. Probablemente sobrevuelen más las amenazas que lanzan algunos grupos políticos, que se pueden tratar de trasladar como miedos, que la preocupación real.

P.– Por ponerle un último ejemplo, el plan sobre los consultorios rurales ha generado quejas de dirigentes del PP y organizaciones como UPA. Los alcaldes de la zona de Aliste, mayoritariamente populares, también han protestado.

R.– Es una respuesta que suele haber en el territorio cuando alguien va a tomar decisiones que le afectan. Por eso creo que es muy importante que todos los pasos que se den siempre se hagan de modo ordenado, explicado, porque lo que la Junta trata de hacer en todos sus ámbitos políticos es mejorar la vida de los ciudadanos.

P.– ¿El desbloqueo de los 298 millones de las entregas a cuenta servirá en alguna medida para financiar la recuperación de las 35 horas?

R.– No es una cuestión que esté directamente relacionada. Esa maniobra lo que hace es entregar a Castilla y León lo que ya tenía que estar entregado. Los costes adicionales que pueda suponer la aplicación de las 35 horas serían a mayores y en ningún caso podían estar previstos, porque 2019 es un ejercicio presupuestario prorrogado.

P.– ¿Entonces, en que van a repartir esos fondos?

R.– Esos fondos forman parte de los ingresos que Castilla y León tiene previstos en el mecanismo de financiación de la Junta, no son fondos condicionados a partidas concretas. Por tanto vienen a financiar las necesidades generales de la Comunidad, que como todo el mundo sabe, se centran principalmente en los servicios básicos.

P.– El consejero de Hacienda todavía ve insuficiente esta aportación para cumplir el objetivo de déficit. ¿Se lograría con lo que resta del pago del IVA?

R.– Estoy de acuerdo con la valoración del consejero de Hacienda. Incluso recibiendo lo que resta del pago del IVA el cumplimiento del objetivo de déficit será muy complicado, ya que se está en el 0,8 y habría que alcanzar el 0,1.

P.– ¿Es una medida electoralista?

R.– Completamente. El señor Sánchez y su Gobierno usan a su antojo partidista las instituciones del Estado. Este es el último caso, con una actuación vergonzosa de la Abogacía del Estado a instancias del Gobierno, que ha mutado por completo su informe cambiando de negativo a positivo sin más. Un ejemplo más del uso de las instituciones –RTVE, CIS, Abogacía del Estado– al servicio del Partido Socialista.

P.– Esta medida y los anuncios que está realizando el presidente del Gobierno en funciones sobre las pensiones o el PER son juego sucio?

R.– Vienen a demostrar, por si alguien no lo sabía ya, que Sánchez pasará a la historia como uno de los líderes políticos con más afán personalista y con menos sentido de Estado de nuestro país. Todo lo que ha hecho, desde la utilización torticera de una sentencia para, mediante una moción de censura, desalojar al Gobierno del poder, pasando por su negativa a aceptar ningún escenario de acuerdo con ningún otro líder político para formar un gobierno, pasando por una convocatoria de elecciones perfectamente calculada, acreditan que pesa mucho más su interés particular que los intereses de España.

P.– ¿El anterior Gobierno regional le hizo un favor o una faena a Alfonso Fernández Mañueco con el acuerdo sobre las 35 horas en vísperas de las elecciones?

R.– El acuerdo no respondía a una invención de última hora, sino que culminaba una labor muy importante de 4 años de recuperación de derechos de los empleados públicos, al frente de la cual estuvo siempre el anterior vicepresidente y consejero José Antonio de Santiago-Juárez . Al retomar los asuntos pendientes, una de las primeras cosas que conocí fue este documento, e inmediatamente nos pusimos a trabajar en su aplicación. Tras analizar la realidad y nuestra capacidad práctica para realizar un cambio normativo, en las reuniones con las organizaciones sindicales les indicamos que había una serie de factores que nos impedían la aplicación inmediata, pero que nuestra voluntad inequívoca era la de alcanzar la 35 horas.

P.– ¿Eso quiere decir que la Junta anterior firmó un acuerdo de tanta relevancia sin tener claro si habría disponibilidad presupuestaria?

R.– No. Yo no digo eso.

P.– Es lo que yo deduzco.

R.– ¡Ah! Pues no, no, no. Yo entiendo que cuando se toman acuerdos se hacen teniendo un análisis realizado.

P.– ¿Entonces, qué cambió para que antes pensaran que se podía aplicar y más tarde no?

R- El acuerdo firmado en mayo permitía aplicar la jornada de 35 horas en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, y mandataba al futuro Ejecutivo a realizar los cambios oportunos, desde el punto de vista normativo, para que a partir del 1 de octubre pudiera continuarse la actualización de las 35 horas. Cuando hemos tratado de avanzar en esa cuestión, nos hemos encontrado con varias dificultades, desde un punto de vista organizativo, principalmente, y con ciertas dudas respecto de la capacidad económica de aplicación inmediata de la medida, así como de poder hacerlo en igualdad de condiciones para todos los empleados públicos.

P.–¿Esas dificultades y dudas han desaparecido tras la reunión que mantuvo ayer el presidente con las organizaciones sindicales?

R.– Lo importante ha sido resolver la principal duda, que era si existía voluntad cierta de aplicar las 35 horas. Esa duda se ha despejado, pero queda poder determinar, previa negociación, cómo y cuándo.

P.–¿De dónde va a salir el dinero?

R.– Es una de las cuestiones en las que debe trabajar la Junta de cara al presupuesto de 2020, y además todos tendremos que ser capaces de explicarlo.

P.– ¿Se sintió desautorizado cuando el presidente Mañueco tomó las riendas de la negociación con los sindicatos?

R.– Todo lo contrario. Agradezco mucho la implicación del presidente de la Junta. Fue el primero que alcanzó el objetivo de las 35 horas cuando era consejero de Presidencia. Siempre ha puesto de manifiesto el valor que le damos a los empleados públicos. Para él es una cuestión primordial, así que su presencia en la negociación acredita esa valoración positiva de los 85.000 empleados públicos.

P.– La recuperación de la semana de 35 horas no es la única ‘patata caliente’ que ha recibido de su antecesor. La RPT (Relación de Puestos de Trabajo) está anulada por los tribunales y eso afecta a la oferta de empleo público. Parece que la relación con el personal de la Administración no pasa por su mejor momento.

R.– Es una afirmación que no comparto en su totalidad. En primer lugar, porque creo que el trabajo en el ámbito de función pública realizado por José Antonio de Santiago-Juárez y la directora general de Función Pública demostró una voluntad inequívoca de recuperar derechos de los empleados públicos. También se hizo una apuesta firme y decidida por mejorar los esquemas que conformar la función pública, que pasaba por el establecimiento del Catálogo de puestos tipo, las aprobaciones de las RPT y la puesta en marcha, por primera vez en la historia de esta Comunidad, del concurso abierto y permanente para los funcionarios. Es decir, fue un impulso muy importante.

P.– En el que apenas se ha avanzado.

R.– Cuando unas actuaciones de esta naturaleza se someten a unos niveles de litigiosidad tan elevados, pueden generar resultados que ahora mismo son inciertos, hasta que los tribunales no resuelvan. Nosotros, en esta nueva etapa, queremos tratar de trabajar todas las cuestiones de la Función Pública desde un principio de seguridad jurídica y de prudencia, con el diálogo como uno de los pilares con los que seguir avanzando.

P.– ¿En qué están trabajando?

R.– Además de en las 35 horas, desde el minuto uno estamos trabajando en el concurso abierto y permanente, en el nuevo Plan de Igualdad de la Junta, que va a ser muy importante; en el desarrollo de la ley de carrera profesional, en la convocatoria de las ofertas de empleo público de 2017 y 2018 y en la aprobación de la nueva oferta de 2019. Todos estos temas son fundamentales para el desarrollo de la función pública.

P.– Ha hablado de un Plan de Igualdad. Cuando se formó la nueva Junta, llamó la atención la escasa presencia de mujeres en el Ejecutivo y entre los altos cargos. ¿Sería partidario de establecer cuotas para garantizar gobiernos paritarios?

R.– Es un debate de demasiada profundidad para abordarlo en una sola pregunta. Cuando veo a las personas que se sientan conmigo en el Consejo de Gobierno, no tengo en cuenta si son hombres o mujeres. Son compañeros que entiendo que deben de tener unos niveles suficientes como para estar ahí.

P.– ¿Y no hay mujeres con méritos para estarlo?

R.– Es que la incorporación de la mujer a puestos de mayor responsabilidad está siendo progresiva. Estoy convencido de que lo será más en el futuro. Hay un dato relevante en el ámbito de la función pública: hace 20 años, las mujeres que estaban al frente de jefaturas de servicio eran muchas menos que las hay ahora mismo. En la incorporación de más mujeres en el ámbito de la administración pública existe una corriente imparable, que me parece además muy adecuada. Pero tengo dudas sobre si la imposición de cuotas es el mejor mecanismo posible para garantizar gobiernos paritarios.

P.– En materia de despoblación, se ha planteado volver a estudiar la situación en las Cortes. ¿Hace falta tanto estudio?

R.– Forma parte de los acuerdos programáticos entre el PP y Ciudadanos efectuar un diagnóstico de la situación, antes de ponernos a tomar determinadas decisiones. Pero, en paralelo, la Junta va a avanzar de forma decidida en apostar por el desarrollo rural como un mecanismo clave para luchar contra la despoblación.

P.– ¿Y no sobran estudios y faltan medidas concretas ya?

R.– Cualquier herramienta que permita avanzar es positiva. El presidente de la Junta ya ha anunciado la puesta en marcha, de modo inmediato, de una línea económica relacionada con la banda ancha, que es uno de los elementos claves para mejorar las condiciones de vida en el mundo rural y la capacidad de fijar población y actividad económica.

P.– Para cuando llegue la banda ancha, que ya estaba prometida en la anterior legislatura,igual ya no queda gente en muchos pueblos.

R.– Esperemos que sí. En todo lo que tiene que ver con la gestión de las grandes operadoras de telecomunicaciones, la Junta y las diputaciones están haciendo esfuerzos, pero el marco regulatorio y legislativo depende del Estado. En ese sentido, que todas las administraciones seamos capaces de ponernos de acuerdo permitirá que las medidas sean mucho más efectivas.

P.– El vicepresidente de la Junta, portavoz y consejero, Francisco Igea, se ocupa de la ordenación del territorio y usted de los municipios, dos áreas muy vinculadas entre sí. ¿Eso no puede generar fricciones?

R.– La Consejería de Presidencia, por su carácter transversal, se ocupa de cuestiones como la coordinación de los secretarios generales, o las delegaciones territoriales. Pero cuando surge algún roce con algún otro departamento, las cosas se hablan y se resuelven.

P– ¿Ha tenido alguno con Francisco Igea en este tiempo?

R.– No, de momento no.

P.– La Ordenación del Territorio se quedo bloqueada en la pasada legislatura en el mapa de unidades básicas rurales, al que se opuso del PSOE. ¿Ve posible un cambio de posición de los socialistas?

R.– El vicepresidente ha hecho un llamamiento a todos los partidos para que seamos capaces de ponernos de acuerdo para cerrar ese mapa. En estos casos, hay un modo ordenado y discreto, en una mesa de negociación, para ver qué puntos pueden ser los que cada parte entiende que son necesarios. Tampoco quiero anticiparme a cuáles van a ser las reclamaciones de otros grupos políticos.

P.– Los socialistas las han expresado muchas veces.

R.– Claro. Algunas van relacionadas con la fijación en la propia ley de cuantías concretas a determinados municipios. Hay que tratar de dejar un poco de lado ese tipo de cuestiones y centrarnos más en el escenario global. Pero es una competencia que le corresponde a la Dirección General de Ordenación del Territorio y me consta que están avanzando.