Los funcionarios piden cerrar la cárcel de Soria por falta de personal

No se ha abierto todavía la nueva cárcel de Las Casas, que los funcionarios llevan demandando años, y estos ya piden el cierre de la actual, en el barrio de Santa Bárbara de la capital soriana. El motivo, la falta de personal que ha llevado a los trabajadores a una situación límite dentro de las rejas del centro penitenciario soriano.

Por esta razón, reunidos en asamblea, los trabajadores han remitido una «carta-manifiesto» dirigida al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, en la que básicamente piden el cierre de la actual cárcel por falta de personal, el cese del director del centro y la presencia de la Inspección de Trabajo.

El documento ha sido firmado por 36 funcionarios del centro penitenciario de Soria, más de un tercio de la plantilla, tras una asamblea celebrada a finales del mes de septiembre. Además, se registró en la Subdelegación una reunión con Latorre que tendrá lugar hoy a partir de las 13.00 horas, con la presencia de los representantes de los funcionarios de la cárcel soriana.

En su comunicado los funcionarios quieren dejar claro que las actuaciones las han realizado «los propios funcionarios de prisiones, pero no han intervenido los sindicatos».

Los trabajadores explican en su comunicado que la asamblea fue convocada por el sindicato CSIF «a petición del personal funcionario», el pasado día 30 de septiembre, «ante la situación de la falta de personal funcionario y laboral así como de las deficiencias de las instalaciones del centro.

Los acuerdos se llevaron a cabo por unanimidad, y en primer lugar, piden que se proceda al cierre del centro «si no se adscriben 15 funcionarios de los que están en prácticas» y un médico con carácter de urgencia para garantizar la seguridad de los funcionarios y de los internos.

En segundo término, solicitan una reunión con el subdelegado del Gobierno en Soria –que tendrá lugar hoy– para informarle de la situación de la cárcel y pedirle el cese del director, Segundo Pascual, «ante la nula gestión del centro».

Finalmente, los trabajadores denuncian ante la Inspección de Trabajo el hecho de que los funcionarios «no tienen el descanso correspondiente entre ciclos de trabajo al no tener suficientes funcionarios y no poder conciliar la vida familiar». Además, invitan a la propia inspección a una visita a las instalaciones del centro «para verificar la precariedad con la que se trabaja».

Precisamente, un día antes de la celebración del día de la Merced, la patrona de Instituciones Penitenciarias, los sindicatos volvieron a insistir en su mensaje de los últimos años, esto es, «no hay nada que celebrar». Por ejemplo, mientras CSIF alertaba de la precariedad con la que se trabaja en el centro penitenciario soriano, UGT denunció incluso el aumento de la violencia en la cárcel de Soria.

Para los sindicatos, la cárcel de Soria está en una «situación límite». Aseguran que hay carencias en materia de personal y de seguridad, que el complejo tiene la tasa de hacinamiento más alta de Castilla y León y, quizás, lo más preocupante, hay una falta de vigilancia sobre el «perfil» de los internos lo que ha provocado un aumento de los conflictos violentos entre los internos. Aseguran que hay un incidente «cada semana».

Los sindicatos también han cuestionado la «autocomplacencia» y critican a sus responsables porque «se habla de los bondades del sistema penitenciario, repitiendo ese mantra de cifras interesadas y sesgadas».

De igual modo, apuntan que hay «cifras y datos» que «ni la dirección del centro ni la Subdelegación del Gobierno facilitan» sobre el estado real de la vieja cárcel, que sigue esperando su recambio en la de Las Casas tras inversiones superiores a los 120 millones de euros.

En este sentido, indican que «no se habla de las continuas carencias en materia de seguridad, ni de las múltiples averías o derrumbes producidos».

También desvelaron que entre otras cuestiones se han producido derrumbes en baños y cornisas. También alertaron de «fallos en alarmas» y en el sistema eléctrico del complejo penitenciario. Todas estas cuestiones las achacan a que el edifcio esta «obsoleto» y que se requiere de un mantenimiento que no se ejecuta.

Para rematar las quejas, los representantes de los trabajadores ya incidieron hace unas fechas en el perfil de los internos. Según explicaron, la cárcel de Soria «no reúne los requisitos para albergar a determinada tipología de internos, lo que ha hecho que se disparen en las últimas fechas el número y la gravedad de los incidentes producidos».

El problema viene derivado, según ellos, de que no es posible, dadas las actuales instalaciones «una separación real», entre los internos más violentas. «Últimamente hay muchas peleas, cada semana hay al menos un incidente violento», afirman.

En cuanto a la alta tasa de hacinamiento en Castilla y León, advirtieron que esto obliga a que dos de cada tres internos, tengan que compartir celda «en contra de lo que estipula la propia ley en su Principio Celular».

El subdelegado del Gobierno en la provincia se remitió a un concurso de traslados que se encuentra «en plena resolución» para poder atender a la plantilla del centro penitenciario soriano. Sin embargo, los sindicatos consideran que se encuentran «ante la situación más crítica en la historia del centro». Con una edad media de las más altas de España, con treinta vacantes sin cubrir y los funcionarios abandonando este servicio por jubilación o o pase a segunda actividad al cumplir los 57 años, «se están suprimiendo vacaciones y días de permiso de los trabajadores y requiriendo la realización de jornadas extras».