Castilla y León inicia los trámites para eliminar el Impuesto de Sucesiones
Rivera celebra el fin del gravamen el día que se anuncia el inicio el anteproyecto de ley aunque tiene que ser aprobada / La deuda a largo plazo eleva la capacidad de endeudamiento en 61 millones
magen del vídeo publicado por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en su perfil de Twitter, en el que proclama el fin del Impuesto de Sucesiones en Castilla y León.-ICAL
El vicepresidente de la Junta, portavoz y consejero de Transparencia, Francisco Igea anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que comienza el cauce legal para aprobar la modificación de la Ley del impuesto de Sucesiones, que supondrá la práctica eliminación del gravamen.
«El impuesto a la muerte hoy ha muerto en Castilla y León». Con estas palabras Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, celebró la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que definió como «injusto» en un mensaje publicado ayer en su cuenta de Twitter.
El líder de la formación ‘naranja’ prometió «que habrá cambios también a nivel nacional» si gobiernan. «No quiero que ni una sola familia se tenga que preocupar de si tiene que pagar impuestos cuando se muere su padre o su abuelo», manifestó. Rivera quiso felicitarse porque ‘su partido’ en Castilla y León alcanza una de las propuestas que ocupa su programa electoral también a nivel nacional.
Pese al triunfalismo del presidente de Ciudadanos, todavía queda por delante el cauce legal propio y, además, ser aprobado en las Cortes. Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, adelantó, en una entrevista a este periódico, que la tasa no se pagará en 2020 y que antes de que acabe 2019 se presentará el proyecto de ley en las Cortes. El responsable de Hacienda manifestó que «podría ser en el primer trimestre» cuando se apruebe y que «entrará en vigor inmediatamente».
El primer borrador, al que ha podido acceder este periódico, recoge la «práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones a los familiares directos», según recoge el texto. El documento recoge la bonificación en la reducción a pagar al 1% en aquellas adquisiciones en sucesiones que estén por encima de los 400.000 euros. Es decir, si se hereda una propiedad por valor de 1 millón, se paga el 1% por los 600.000 euros que están por encima del corte de los 400.000 euros, que en este supuesto serían 6.000 euros.
En donaciones la bonificación del 99 de cada 100 de la cuota íntegra se aplica sin importan la cuantía. Hay que recordar que según las estimaciones con la supresión de este impuesto se dejará de ganar 38 millones de euros, según desveló Igea -135 millones según el PSOE. Además, como publicó este diario, sólo el 0,6% de los contribuyentes gravados serían beneficiarios de la práctica supresión de dicho tributo.
Castilla y León verá incrementada su capacidad de endeudamiento a largo plazo en 61,1 millones de euros hasta alcanzar los 1.188,7 millones. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó tras su primera reunión la propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.
Esta nueva cifra permitirá seguir funcionando a la Administración autonómica ante la falta de financiación del Gobierno central. Hay que destacar que esta cantidad respeta el límite establecido de endeudamiento a largo plazo que deriva de la situación de prórroga presupuestaria, que está fijada en los 1.428,6 millones de euros. Además, esta nueva cantidad es necesaria para cumplir con los objetivos de déficit de Castilla y León en 2019, que se fijó en el 0,1% del Producto Interior Bruto autonómico. Esta nueva ampliación se convierte en la segunda que la Junta tiene que acometer tras los 1.127,5 millones euros aprobados en enero.
Igea, también en el Consejo de Gobierno, cargó contra la campaña de HazteOir para frenar la ley LGTBI y explicó que se está dando respuesta uno por uno a los casi 3.000 correos que recibió solicitando la paralización de esta ley.
También recordó que sigue sin haber noticias del Gobierno central sobre el desbloqueo de la financiación autonómica, por el que se que ingresaría 440 millones en las arcas de Castilla y León. Sobre la entrega a cuenta prometida por Sánchez, recordó que solo se conoce por los mítines del presidente y que todavía están esperando una respuesta al requerimientos presentado semanas atrás. Ante una posible falta de respuesta, Igea desveló que se seguirá insistiendo.
El vicepresidente transmitió que antes del 15 de octubre serán convocarán las mesas sectoriales de Sanidad -7 y 15 de octubre-, Educación y Presidencia con el fin de negociar la aplicación de la jornada laboral de 35 horas entre los trabajadores de los servicios públicos. Además concretó que se realizarán reuniones individuales con cada sindicato. Igea quiso agradecer «a los funcionarios públicos su dedicación y sus esfuerzos, a la vez que explicarles la necesidad de hacer compatible el cumplimiento del acuerdo con el mantenimiento de la calidad de los servicios esenciales».