La Junta dice ahora que no aplicará las 35 horas porque supone un impacto de 120 M€

La Junta de Castilla y León aseguró ayer que no aplicará la jornada de las 35 horas semanales para los empleados públicos de la Administración autonómica porque supondría un impacto de entre 110 y 120 millones de euros sobre el presupuesto. Así, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, consideró su implantación de «poco probable», ante la «preocupante y difícil situación» que se vive a día de hoy tras la falta de Gobierno y de presupuestos, manifestó en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer.

Estas declaraciones surgen dos semanas más tarde de que el consejero de la Presidencia, Ángel Ibánez, reiterase la «voluntad inequívoca» de la Junta de recuperar la jornada de las 35 horas, hecho que calificó de «imparable».

Igea anunció que, la próxima semana, se llevará a cabo una reunión con los sindicatos firmantes del acuerdo de las 35 horas semanales, con el objetivo de «estudiar las posibilidades de aplicación» a lo largo de la presente legislatura.

Además, manifestó que esta medida se remitirá al Ministerio de Hacienda en el plan de ajuste que prepara el equipo de Alfonso Fernández Mañueco ante las advertencias de incumplimiento del objetivo de déficit del 0,1% y del gasto situado en concreto en el capítulo 1. «Hemos hecho lo sensato, remitir al Ministerio el impacto de las 35 horas y no prometer nada hasta que no se tenga una respuesta», puntualizó.

En este sentido, matizó que se decidió remitir al Ministerio de Hacienda la valoración de este «evidente impacto», cifrado en 120 millones de euros –dentro del «intercambio epistolar» que se tiene desde este verano sobre el cumplimiento del plan de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera–, con el objetivo de que esta entidad realice una valoración al respecto.

Igea sentenció que, en la situación actual de falta de Gobierno, de presupuestos y de los ingresos a cuenta, lo que la Junta no hará «nunca» será «engañar» a los funcionarios ni a los ciudadanos de Castilla y León. «Esta es la situación y lo que no haremos será introducir una medida para que sean corregidas por el Ejecutivo central en funciones, al que reprochó los 440 millones que tiene que ingresar a la Comunidad en concepto de entregas a cuenta.

«Que nos ingrese lo que nos debe», reiteró Igea, que recordó que el PSOE de Castilla-La Mancha votó a favor de la iniciativa del parlamento castellanomanchego para reclamar las citadas entregas a cuenta a diferencia, lamentó, del PSOE de Castilla y León a los que afeó estar «a otras cosillas» como el apartamento de las Cortes sin respaldar una «postura de Comunidad». «Este es el PSOE de Castilla y León que tenemos», exclamó.

«La cuadratura del círculo es imposible (...) podemos intentar engañar a todo el mundo durante un rato pero no todo el rato», manifestó el portavoz de la Junta, para quien «lo más sensato» en este momento es remitir todas las «medidas correctoras» al Ministerio de Hacienda junto al plan de estabilidad financiera, informa Europa Press.

Los sindicatos UGT y CCOO en Castilla y León, ante las palabras de Igea en la comparecencia de ayer, mostraron su total desacuerdo ante la posición de la Junta de Castilla y León, en cuanto a que ve «poco probable» que se lleve a cabo la implantación de la jornada de las 35 horas semanales.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, establecía que solo podrán volver a la jornada de 35 horas las Administraciones que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto.

TRES OBJETIVOS

La notificación oficial manifestaba el cumplimiento por parte del Gobierno de Castilla y León de los tres objetivos, por lo que las partes firmantes (Junta y organizaciones sindicales) acordaron «recuperar la jornada laboral de 35 horas volviendo a la situación previa a la entrada en vigor de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, con lo que la implantación efectiva de la jornada de 35 horas se realizaría a partir del 1 de junio de 2019.

Por lo tanto, ambos sindicatos advirtieron de que la recuperación de las 35 horas no se vincula a los presupuestos sino al cumplimiento de déficit, deuda y regla de gasto de 2018.

Para CCOO y UGT, la posición de la Junta de Castilla y León supone un «flagrante incumplimiento, ya que no respeta el acuerdo firmado con Función Pública y el consejero de Presidencia del Gobierno del PP el pasado mes de mayo. El Gobierno autonómico tiene la obligación de cumplir lo firmado con los representantes sindicales de sus empleados», insistieron.