La Junta prepara un plan de recortes que presentará el día 25 al Ministerio de Hacienda

La Junta de Castilla y León prepara contrarreloj un «plan de ajuste» para tratar de cuadrar las cuentas y evitar superar a final de año el objetivo de déficit del 0,1% que exige el Gobierno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef) leyó la cartilla al Gobierno regional en su informe de julio y le avisó de que es «improbable» que esta Comunidad cumpla el objetivo de estabilidad del 0,1% del PIB.

Este «riesgo moderado de incumplimiento» de la llamada regla de gasto se acrecentó el pasado 10 de septiembre cuando el Ministerio de Hacienda reveló que el déficit de las cuentas regionales escalaba al 0,81% del PIB con 493 millones de euros más de gastos que de ingresos.

El departamento de María Jesús Montero reclamó por carta el 1 de agosto a la Junta y a la mayoría de las comunidades autónomas -todas menos Galicia y el País Vasco- la presentación de «planes de ajustes» de sus gastos antes del 10 de septiembre. Castilla y León llegó a ese límite sin los deberes hechos y ese mismo día el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pedía una prórroga que le fue concedida, por lo que tendrá que presentar el plan como muy tarde el día 25, según fuentes de la Consejería.

Pese a las promesas de transparencia de las que presume el nuevo Ejecutivo regional, Economía y Hacienda declinó revelar las razones alegadas por la Consejería para solicitar la prórroga.

Hasta el momento, sólo había trascendido la petición de la Comunidad Valenciana de pedir prórroga, si bien esta autonomía debía también presentar un Plan Económico Financiero por haberse desviado del déficit el año anterior.

La exigencia de esos planes de recorte del gasto público autonómico coinciden en el tiempo con la reclamación por parte de la Junta de los cerca de 440 millones de euros de las entregas a cuenta del presupuesto y la liquidación del IVA del 2017. También con el anuncio sin fecha ni cuantía de una bajada de impuestos.

Según fuentes solventes, María Jesús Montero habría exigido a CarlosFernández Carriedo que justifique las desviaciones en el gasto y que adopten medidas para cumplir el objetivo de estabilidad.

Montero sigue la estela planteada por al Airef en sus últimos informes. La Autoridad Fiscal avisó en julio de que las previsión de ingresos de la Comunidad autónoma empeoraba en casi tres décimas del PIB y auguraba un ajuste de dos décimas del PIB -en torno a 118 millones de euros- cuando aún no se conocían los últimos datos de déficit que apuntan al 0,81% en el mes de junio.

Ya en julio, la Airef advertía de que el ajuste era factible pero «improbable en el escenario actual de ingresos». En aquel momento, la Autoridad Fiscal mantuvo la calificación del riesgo moderado de su informe de abril, «si bien con un ligero empeoramiento debido a la actualización de la información sobre los ingresos por fondos de la Unión Europea esperados en 2019.

DEUDA

Por el contrario, la Airef daba por hecho que Castilla y León cumpliría su objetivo de deuda al prever un cierre del ejercicio con el 20,8% del PIB. La previsión es realista porque la deuda del primer trimestre, último dato publicado por elBanco de España, aumentó hasta los 12.448 millones de euros en el primer trimestre, lo que equivale al 21% del PIB.

El último informe de la Airef ya recomendó a la Junta que «haga un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y realice, en su caso, el ajuste que requiera el cumplimiento de las reglas fiscales».

Castilla y León registraba en junio un déficit público superior a la media de las comunidades (0,63%). El 0,81% de su PIB es superior al de diez autonomías e inferior al de seis. Superan a la región Extremadura (1,35%), Navarra (1,25%), Murcia (1,23%), Baleares (1,20%), Castilla-La Mancha (1,12%) Comunidad Valenciana (1,1%). El PaísVasco es la única autonomía con superávit. El resto, está por debajo de la región.

La situación se complica para la Comunidad en la parte final de año. No solo por la nueva incertidumbre abierta con la convocatoria de elecciones y la consiguiente dificultad para que haya presupuestos del Estado antes de enero, sino porque se bloquea también la entrega de los ingresos a cuenta y la liquidación del IVA de 2017.

Ese fue el motivo de que el presidente de la Junta pidiera por carta a Pedro Sánchez el pasado 26 de agosto el pago de esos 440 millones de euros. Tres días después Carriedo reiteraba la petición a su homóloga María Jesús Montero. «Estamos ante un problema de especial importancia y sobre el cual deseamos que se pueda encontrar una solución cuanto antes», advertía el titular de Economía de la Junta, al tiempo que reclamaba «la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal» para atender «las obligaciones que se derivan del sistema de financiación autonómica». Con el nuevo panorama electoral la incertidumbre crece.