La Inspección descubre 174 falsos autonómos y fuerza su legalización

La Inspección de Trabajo en Castilla y León descubrió 174 falsos autónomos en Valladolid y forzó a su legalización, gracias al Plan Director por un Trabajo Digno que puso en marcha el Gobierno de España en julio de 2018. Esta es una cifra superior respecto a la del periodo comprendido entre agosto de 2017 y junio de 2018 –antes de la implantación del Plan–, en el que solo se descubrió un falso autónomo en la ciudad, por lo que tuvo lugar un aumento de 173 falsos autónomos respecto al mismo periodo del año anterior.

Respecto al resto de provincias de la Comunidad, en Ávila se detectaron 7 falsos autónomos, 6 más que en 2017-2018; en Burgos 58, lo que significa 41 menos; en León 352, 342 más que el mismo periodo del pasado año; en Palencia 0, lo que supone 5 menos; en Salamanca 17, 15 falsos autónomos más; en Segovia 1, 5 menos que en 2017-2018; en Soria 7, mismo número de falsos autónomos descubiertos, y en Zamora 4, lo que supone 2 más.

Estos datos son resultado de los once primeros meses de vigencia de este Plan Director, que incluye un conjunto de 75 medidas y dos planes de choque «que ahora se reactivan», contra la temporalidad fraudulenta y contra los abusos en los contratos a tiempo parcial.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, junto con el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, y el director territorial de la Inspección de Trabajo en Castilla y León, Javier Calderón, se reunieron ayer con el secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández, y con el vicesecretario general de UGT, Evelio Angulo para valorar los datos obtenidos en Castilla y León.

Asimismo, el Plan permitió aflorar en la Comunidad más de 10.000 contratos que pasaron de temporales a indefinidos o ampliaron la jornada laboral de los trabajadores. Así, 8.089 contratos temporales se convirtieron en indefinidos, cifra que se duplicó respecto al mismo periodo del año anterior.

En Valladolid, fueron 1.917 los que se convirtieron en indefinidos, 906 más que el año anterior, lo que supuso un 89,06% más, aclaró Álvarez.

1.983 fueron los contratos que sufrieron una ampliación de jornada tras detectarse que se realizaban jornadas superiores a la ordinaria y se cotizaba como una normal en la Comunidad.

Por su parte, en Valladolid se produjeron 357 ampliaciones, un 59% más que el año anterior. Álvarez calificó estos resultados resultados de «muy positivos».

La delegada reconoció que los resultados del Programa Territorial Integrado de Objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León, que se aplicaba con anterioridad a la puesta en marcha del Plan de choque no eran malos, «pero con las medidas recogidas en el Plan, se ha duplicado el efecto y se han disparado las cifras de los contratos de duración determinada transformados en indefinidos, a requerimiento del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social».

Además, Martín añadió que comparativamente, en este Plan la regularización en Castilla y León fue inferior porcentualmente a la del conjunto del Estado. «Se pudo apreciar ya en la primera fase del plan. Muchas de las empresas a las que se remitió carta no regularizaron su situación en materia de parcialidad abusiva».

También manifestó que con la obligación del registro de la jornada laboral «se consiguió cerrar una puerta al fraude masivo en la contratación parcial. Por esta puerta se escapaba mucho dinero en cotizaciones sociales».

INSPECTORES

Los sindicatos señalaron que si estos planes dieron tan buenos resultados es en parte porque «hay un fraude sistémico en nuestro mercado laboral» y pidieron más inspectores de Trabajo para intentar combatirlo. En este sentido, la delegada señaló que el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social supera los 2.000 efectivos, entre inspectores y subinspectores. «Es la cifra más alta de la historia. También es la más alta jamás alcanzada los 139 con los que contamos en Castilla y León».

En la reunión se habló sobre la reactivación de ambos planes de choque, contra la temporalidad y contra la parcialidad, entre agosto y diciembre de este año. Así, la delegada apuntó que «se va a continuar la misma metodología que el año anterior: una primera fase en la que se remitirán comunicaciones a las empresas en cuyos contratos temporales o a tiempo parcial se aprecien indicios de fraude para, después, conceder el plazo de un mes para su regularización». En una segunda fase, se llevará a cabo la actuación de la Inspección de Trabajo.

REGISTRO HORARIO

El director territorial de la Inspección de Trabajo en Castilla y León reconoció que en la primera fase del registro horario de los empleados en las empresas, desde su entrada en vigor el pasado mes de mayo, ha habido «condescendencia», mientras se ajustaba la novedad legislativa a la peculiaridad de cada sector.

No obstante, advirtió que, a partir de este momento, se procederá a la apertura de los expedientes contra aquellos que no cumplan con la legislación vigente.

«Llevamos varios meses con su aplicación y hemos dejado, tal y como dijo la ministra de Trabajo, que las empresas negociaran su puesta en marcha siendo condescendientes pero una vez superada esa fase, si no se ha llegado a buen término y no han ajustado el control a las peculiaridades del sector se abrirán los correspondientes expedientes», sentenció el director territorial de la Inspección.