El Gobierno extiende la protección y blinda al lobo al sur del Duero

Por su valor ecológico, singularidad, rareza o grado de amenaza. Por figurar en tratados internacionales o en normas comunitarias. Hay poblaciones merecedoras de una singular atención y, por ende, de medidas de conservación activas. Una máxima protección que, contemplada en la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Gobierno extendió ayer a todas las poblaciones de lobo ibérico al sur del Duero por considerarlas «amenazadas».

El matiz está en el todas. Hasta ahora solo las de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha figuraban en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Con la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), todo el rango de distribución de la especie al sur de dicho río goza de ese amparo especial. Es decir, a esas tres comunidades se suman Madrid y otra en la que el lobo es motivo de permanente disputa: Castilla y León.

El departamento que preside en funciones Teresa Ribera amplia este resguardo, apuntan desde el mismo, con el fin de cumplir con la normativa europea. En concreto, con lo dispuesto en la Directiva de Hábitats donde las poblaciones españolas del Canis lupus se dividen en dos anexos en función de los dos regímenes de protección distintos que reclaman según su estado de conservación: las situadas al norte del Duero figuran en el V como especies que puede ser objeto de gestión; mientras que las ubicadas al sur –Extremadura, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha– aparecen en el IV como estrictamente protegidas.

os ataques de lobo reinan en el escenario castellano y leonés, como denuncian las Organizaciones profesionales agrarias (Opas) en su lamento por el abandono de las distintas administraciones al sector ganadero. El pasado año se despidió con datos alarmantes que constatan esta preocupación: las agresiones del cánido a la ganadería crecieron en un 40% hasta cerca de los 2.000, según los últimos datos disponibles. Siete de cada diez ataques y dos de cada tres muertes se registraron en Ávila y Segovia, o lo que es lo mismo, al sur del Duero. El lobo es una especie no cinégetica en esta zona, es decir, no se puede cazar. Pero, con los datos sobre la mesa como justificación, la Junta de Castilla y León apuesta por abatir ejemplares cuando haya daño a las cabañas ganaderas o a los cultivos. Una posibilidad de control poblacional que, tras el blindaje que el Ministerio para la Transición Ecológica hace, queda cuanto menos alterada.

Tanto este departamento como el de Agricultura, Pesca y Alimentación «trabajan activamente», según remarcaron en una nota de prensa, para promover la coexistencia de las actividades humanas con la conservación del lobo. Una coexistencia que las Opas consideran imposible.

Entre las iniciativas estatales puestas sobre la mesa por ambos ministerios está la elaboración de un Catálogo de medidas preventivas a mitigar el conflicto entre este cánido y la ganadería extensiva. Así como el Plan de Seguros Agrarios que cubre las indemnizaciones por daños causados para aquellos ganaderos que hayan suscrito las correspondientes pólizas.

Ni una opción ni otra resultan válidas para las Opas. Aseguran que su postura no es la de acabar con el lobo, sino la de controlar la superpoblación de este animal salvaje que flaco favor hace, aseguran, a la despoblación que sufre Castilla y León. Por otro lado, rechazan los seguros como moneda de cambio válida frente a los daños que padece el sector ganadero a causa de este depredador.

27 especies

Con la orden ministerial, el Gobierno aumentó el nivel de protección legal de un total de 27 especies de fauna y flora amenazadas en el país, tanto marinas como terrestres.

Dentro de las de agua, pasaron a formar parte del Listado las poblaciones de la esponja negra, siete especies de coral, dos de gorgonias y la madrépora mediterránea. Estos invertebrados, puntualizaron desde el Ministerio, «revisten un alto interés ecológico pues a lo largo de los años sus grandes colonias forman complejos hábitats que son muy importantes como refugio» para otros. Aparecen igualmente la tortuga marina olivácea, la pardela cenicienta atlántica y el charrán bengalí.

En el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que también se modifica, las poblaciones canarias de tres especies de algas marinas pasan a contar con el etiquetado de Vulnerable; mientras que la nacra común se incluye en el de Peligro de extinción. Esta última categoría recibe, además, tres tipos de tiburones: el angelote, el pez ángel y el angelote espinoso. «Las graves amenazas que sufren por el cambio climático, la destrucción de su hábitat, la contaminación o la pesca de su arrastre ilegal justifican su protección especial», alegó el departamento. El zifio de cuvier, una especie de ballenato adaptado a vivir en grandes profundidades que ha sufrido una importante reducción poblacional en los últimos años, fue catalogado también como Vulnerable.

Las distintas administraciones están obligadas ahora a realizar un seguimiento del estado de conservación y de las amenazas que afectan a todas estas especies.