Cuentas dice que las ayudas al transporte no acreditan el cálculo de los costes del servicio

El Consejo de Cuentas mantiene que la Consejería de Fomento ha incumplido lo dispuesto en las bases reguladoras referido a la cuantía de la subvención de las líneas de transporte regular para viajeros por carretera. En este sentido, su informe apunta que no se acredita el correcto cálculo de los costes de prestación del servicio.

Según el Consejo de Cuentas, se utilizan las mismas partidas de costes para todos los beneficiarios, ponderadas, en la mayor parte de los casos, en base a coeficientes en función de los kms recorridos en la concesión. «No existe constancia documental de los criterios y cálculos efectuados inicialmente para determinar los kilómetros recorridos ni de las modificaciones posteriores que se hayan podido producir por cambio de ruta o días», agrega la institución en su informe ‘Fiscalización de las subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público regular permanente de uso general de viajeros por carretera’,en el que remacha que no se ha acreditado «el correcto cálculo de los mismos».

La Consejería, en sus alegaciones, sentencia: «La posibilidad que en determinadas concesiones pueda haber una ausencia documental no empece con el hecho de que con todos los concesionarios se han contrastado los cálculos realizados en función de kilómetros recorridos, número de autobuses utilizados, personal necesario, etc.».

El transporte metropolitano de Salamanca, León y Valladolid no cuenta con una línea de subvención de la Consejería de Fomento específica para compensar el déficit de explotación, según alerta el Consejo de Cuentas. Actualmente, la cartera dirigida por el consejero en funciones y procurador Juan Carlos Suárez Quiñones bonifica las tarifas abonadas por los usuarios de este transporte metropolitano por carretera. Cuentas también asegura que en los tres casos «no está debidamente justificado que el importe financiado se corresponda con la tarifa real bonificada».

El informe analiza los protocolos de colaboración rubricados entre la Junta y los ayuntamientos de las zonas metropolitanas de Burgos, León, Segovia y Valladolid. «Ninguno establece la forma de financiación del posible déficit que el transporte pueda generar», sentencia la institución encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público.

«El Consejo considera también que los acuerdos en las ponencias y comisiones técnicas no constituyen el instrumento jurídico adecuado ni suficiente para asumir obligaciones económicas en nombre de la Administración», remacha la institución presidida por Mario Amilivia.

«La Consejería financia un déficit de explotación que no se corresponde con el real de los servicio de transporte financiados, por lo que no se acredita que la cuantía subvencionada restablezca el equilibrio económico del contrato», destaca la institución dependiente de las Cortes de Castilla y León.

Cuentas recomienda en estos casos que se «regularice» la situación y se financien las bonificaciones de los precios de uso del transporte metropolitano de Salamanca, León y Valladolid «en una línea de subvención independiente, adaptada a la finalidad y objetivo financiado».

Ante esta situación, el director general de Transportes, Ignacio Santos, asegura a este diario que toman nota y en la próxima convocatoria se ofrecerán dos subvenciones, una para la bonificación de la tarifa y otra para compensar el déficit de explotación.

Otra conclusión que extrae Cuentas es el retraso en el pago de servicios deficitarios. «No son abonados por la Administración hasta transcurridos dos años desde el momento en que se produce el déficit». Fomento alegó contra esta afirmación, puesto que, asegura el director general de Transportes, las ayudas se abonan a mediados de año –junio–, puesto que esperan a que venza el año para calcular exactamente el déficit de explotación que tiene. «Sería un retraso de seis o siete meses [desde el último mes del año], que es lo que se tarda», indica Santos.