Diario de Valladolid

La ley autonómica deja fuera de los debates electorales a IU, UPL y Vox

PP, PSOE y Podemos sostienen que deben ser a cuatro / Sarrión y Santos tachan la norma de ofensiva y poco democrática / Cs ve posible incorporar al procurador de Izquierda Unida «con voluntad política»

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María R. Mayor

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La peripecia con el debate electoral entre los cabezas de lista a los comicios generales del 28A, que finalmente se celebrará en la televisión pública, al quedar fuera Vox del previsto en una privada, no podría darse en Castilla y León. En la Comunidad, la ley estipula, por primera vez, la organización de un mínimo de dos confrontaciones dialécticas entre los candidatos de las cuatro formaciones con grupo propio en las Cortes regionales: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Esto deja fuera a Izquierda Unida y la Unión del Pueblo Leonés (UPL), cada una con un procurador en el Grupo Mixto y, con mayor motivo, a Vox, que es extraparlamentario.

La mayoría de los representantes de los grupos coincide en que el artículo 31 bis, recogido en la Ley del Estatuto de los Altos Cargos aprobada en noviembre de 2016, es clara al respecto. La voz discrepante corre a cargo de Ciudadanos, formación que avaló la ley junto al PP, y que interpreta que este artículo no excluye la participación del procurador de IU, José Sarrión.

DAVID CASTAÑO (CS). El procurador de Ciudadanos ofrece una visión abierta de la normativa, al tiempo que anima a José Sarrión a proponer su inclusión en los debates. A juicio del cabeza de lista de Cs por Salamanca, el artículo 31 bis de la ley dice que los partidos con grupo parlamentario «estarán obligados a participar» en un mínimo de dos debates, «pero no impide que exista un acuerdo para incorporar al procurador de Izquierda Unida. «Estoy absolutamente convencido de que puede hacerse, y que si existe voluntad política no habrá problema», afirmó Castaño en declaraciones a este periódico.

El procurador de Cs agregó incluso que, si Sarrión lo propone, su formación «lo tendrá muy en cuenta». Cuestión distinta es para él la presencia de la UPL, ya que los leonesistas no optan a la presidencia de la Junta porque solo se presentan en León, Zamora y Salamanca. En cuanto a Vox, estima que es un caso que queda fuera de la ley, ya que este partido no tiene representación parlamentaria.

RAÚL DE LA HOZ (PP). El portavoz del Grupo Popular no comparte en absoluto el criterio del procurador de Ciudadanos. En su opinión, «el ámbito de los debates está tasado por la ley» y, por tanto, será entre los candidatos de los cuatro partidos con grupo parlamentario en las Cortes. «Entiendo que Izquierda Unida quiera tener su protagonismo, como puede quererlo Vox o el Pacma, pero la ley hay que respetarla», añade.

Aunque no le sorprende la posición de Castaño, «porque Ciudadanos dice primero una cosa y luego otra sin despeinarse», afirma, De la Hoz ve «evidente» que no hay cabida para más candidatos que los de PP, PSOE, Cs y Podemos.

El portavoz popular asegura que su formación no descarta más debates, «cuantos más mejor», porque abren las posibilidades a los ciudadanos de contrastar los distintos programas y propuestas. Preguntado si se prestarían a debatir con IUo con Vox, De la Hoz se limita a declarar que su partido «irá viéndolo», siempre tendiendo en cuenta la doctrina de la Junta Electoral.

ANA SÁNCHEZ (PSOE). La secretaria de Organización socialista y coordinadora de la campaña electoral coincide con el portavoz popular en que la ley «está para cumplirla» y es clara respecto a que solo pueden debatir los candidatos de los cuatro grupos mayoritarios.

El PSOE votó en su día contra el Estatuto del Alto Cargo, pero por otros aspectos, no respecto a una regulación de los debates electorales que, según Sánchez, no difiere de las que existen en el resto de parlamentos autonómicos.

La dirigente socialista recordó que el PP se había negado «históricamente» a que el candidato de su partido debatiera con los de la oposición. «Era la única comunidad que negaba el derecho a los ciudadanos a conocer por esta vía los planteamientos de los partidos políticos», agregó, por lo que ve muy oportuno que finalmente pueda hacerse.

Aunque Sánchez no se niega a más debates, sí precisa que los dos establecidos «son una buena cifra» y, en el caso de que se proponga algún otro, el PSOE se lo plantearía. «Somos gente muy seria y respetuosa con la ley», concluyó.

PABLO FERNÁNDEZ (PODEMOS). Para el portavoz de Podemos y candidato a la presidencia de la Junta, la ley que regula los debates electorales también es clara sobre la limitación a los cuatro grupos mayoritarios. Pero, al margen de lo que marca la normativa, el secretario general de la formación morada es firme partidario de que se debata «en todos los medios de Castilla y León públicos y privados».

Según Fernández, en estos momentos «es más necesario que nunca que los ciudadanos conozcan las propuestas y medidas que plantea cada partido» y los debates «son un buen vehículo para dar a conocerlos». El portavoz de Podemos estaría dispuesto a contrastar el programa de su formación con la cualquier otro, incluida el de Vox «porque siempre es bueno que la pluralidad esté presente en los debates».

JOSÉ SARRIÓN. El coordinador regional de Izquierda Unida y candidato a presidir la Junta defiende, como lo hizo en su día en las enmiendas que presentó al proyecto de ley, que todos los partidos con representación parlamentaria pudieran participar en los debates electorales. Incluso propuso que también lo hicieran aquellas formaciones que hubieran llegado a un número determinado de votos, aunque no consiguieran escaño en las Cortes regionales.

«Si se pretende que el ciudadano esté informado de cara a las elecciones, lo lógico es que se le dé la oportunidad de conocer todas las opciones», declaró Sarrión a este periódico. A su juicio, resulta «ridículo y estúpido el miedo que tiene el PP» a discutir con IU y «ofensivo» dejar fuera a un «partido histórico» con casi 60.000 votantes en las últimas elecciones.

El coordinador de Izquierda Unida recordó al respecto que su formación tiene presencia ininterrumpida en el Legislativo autonómico desde 1991, con lo que considera que la redacción de la ley fue una «decisión premeditada» del Partido Popular porque «el gran objetivo es reducir el debate democrático».

En relación con la supresión de Vox del debate de las generales, estimó que la Junta Electoral Central se ha ajustado a lo que dice la Ley Electoral, aunque ironizó con que este órgano «ha hecho un favor» al partido de ultraderecha, porque «los espectadores hubieran podido comprobar que su nivel es francamente escaso». También recordó que IU fue excluido de lo debates para las elecciones de 2015 «de forma arbitraria», ya que disponía de grupo en el Congreso.

LUIS MARIANO SANTOS (UPL) . En similares términos se pronunció el procurador de la UPL y procurador del grupo Mixto, Luis Mariano Santos, quien consideró «poco democrática» su exclusión de los debates electorales aun contando con representación en las Cortes. «No se normal que se nos aparte pero tampoco una sorpresa ya que es fruto del acuerdo alcanzado en su día entre el PP y Cs», comentó. 

El procurador de UPL arremetió contra la formación naranja «que presumía de venir a regenerar la política y fue cómplice con el Partido Popular para eliminar la posibilidad de que todos los partidos expresen sus opiniones». Santos recordó que la UPL lleva muchos años en el Parlamento autonómico y defendió que los debates «posibilitan a la gente conocer mejor lo que dice cada partido».

Respecto a la decisión de la Junta Electoral Central sobre Vox, el político leonesista consideró que, dado que no cuenta con representación parlamentaria, no había razón para que estuviera en el debate con los grupos mayoritarios y no otros «como el Pacma o el Prepal», un caso que sirve también para Castilla y León.

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