El presidente de la Fundación Caja Segovia afea la ‘actitud desleal’ del equipo directivo

En el sexto día del juicio de las prejubilaciones millonarias percibidas por la ex cúpula de Caja Segovia, Javier Reguera, que fue miembro del consejo de administración de la entidad entre 1897 y 1999 y actualmente preside la Fundación Caja Segovia, reprochó la actuación «desleal» de los máximos responsables de la desaparecida Caja Segovia.

«El equipo directivo no cumplió sus funciones con lealtad», resumió, llegando a asegurar en calidad de testigo, llamado por las defensas de Atilano Soto, Antonio Tapias y Manuel Escribano, que «desde el órgano de Gobierno de la entidad no se informó al Consejo de Administración de la trascendencia del acuerdo que se estaba adoptando», en referencia a las pólizas suscritas por valor de 17,5 millones de euros, según consta en el sumario.

Javier Reguera calificó estas pólizas de «gravosas y nada normales». «El comité de dirección suscribió unas pólizas en las que la Caja renunciaba expresamente al derecho de rescate», criticó.

En su intervención sostuvo que los ex directivos deberían haberse prejubilado «como hicieron otros altos cargos de cajas de ahorro, como Caja Ávila, dentro del marco del Banco Financiero y de Ahorros (BFA)».

«Aquí se juzgan unos hechos concretos ocurridos en diciembre de 2010 cuando en ese momento Caja Segovia era una entidad autónoma e independiente porque no se había producido la integración, que no sería hasta el año siguiente», explicó.

Fue especialmente crítico con las pólizas suscritas para garantizar las prejubilaciones del equipo directivo: «No se podían modificar sin el consentimiento de los propios miembros del equipo de dirección, sus beneficiarios», dijo.

Tildó las decisiones de interesadas: «Fue una manera de sacar patrimonio para los miembros del equipo directivo, antes incluso de que la entidad tuviera obligación de pagarlas. Antes de que se cumplieran las condiciones para poder acceder a esas pensiones, ya estaba el patrimonio en manos de los directivos porque suscribieron unas pólizas indisponibles», subrayó.

Cuando las defensas le recordaron haber firmado el contrato de alta dirección de Manuel Escribano, en 1995, Javier Reguera fue tajante: «Firmé un contrato con una retribución de 22 millones de las antiguas pesetas, equivalentes a 168.000, con unas retribuciones variables limitadas al 30%, lo que no tiene nada que ver con el contrato final». «!Cómo iba yo a suponer que acabaría cobrando 874.837 euros», afirmó.

Entre los ocho testigos de la mañana, declararon Pedro Arahuetes, ex alcalde de Segovia entre 2003 y 2014 y consejero de Caja Segovia hasta noviembre de 2011, cuando dimitió al conocer las cifras que él mismo tuvo que solicitar «por escrito» para que se convocara un consejo de administración que se reunió con carácter extraordinario, en noviembre de 2011, habiendo desparecido la caja el 1 de enero de ese año.

«Hasta que las cifras escandalosas no empezaron a aparecer en la prensa no las conocimos», dijo, coincidiendo en este sentido con la declaración del procurador regional Juan José Sanz Vitorio.

Arahuetes, que tras su dimisión tachó el sistema de Caja Segovia como «logia masónica», ayer se mostró más prudente en su comparecencia.

El ex alcalde recordó el hincapié que se hizo a los consejeros para una vez conocidas las cantidades evitar que se divulgaran. «Aquello parecía un secreto de estado; se nos leyó un informe de Garrigues que subrayaba la confidencialidad y se nos advertía de los delitos en que incurriríamos», señaló.

Su relato fue más jugoso en las puertas de la Audiencia tras su comparecencia. «He respondido a lo que me han preguntado y (…) no me han preguntado cómo se puede pasar de una Caja que tenía beneficios anuales de en torno a 30 y 40 millones de euros a una deuda participada de 20.000 millones en Bankia», señaló a los informadores.

Volvió a recordar que no estaba de acuerdo con el «oscurantismo con el que se llevó a cabo el Plan de Prejubilaciones. Las decisiones pueden o no ser legales pero está claro que la información se nos dio a posteriori», dijo.

Para Juan José Sanz Vitorio, los órganos de dirección actuaron «conforme a la legalidad» y aunque reconoció disponer de toda la información que se ofrecía a los consejeros, no conoció las cantidades que se juzgan hasta el verano de 2011.

Sí subrayó el procurador en Cortes que sus consejos contrarios a la integración de Caja Segovia en Bankia, «cayeron en saco roto» y nadie siguió su idea de que «Caja Segovia debía integrarse en un SIP con cajas de ahorro de la Comunidad capaces de lograr un músculo financiero más fuerte».

El procurador resumió su descontento con lo acontecido manifestando que las condiciones de las prejubilaciones deberían revisado a las nuevas circunstancias que no eran tan boyantes como cuando se aprobaron inicialmente (2006), ni cuando se modificaron en 2008 y 2010. «Los derechos adquiridos en un contexto no deberían haberse materializado en un momento tan diferente, pero tampoco me hicieron caso y no se cambiaron las prejubilaciones», lamentó. Sanz Vitorio dimitió a finales de 2011 tras haber sido consejero desde 2007.

Los demás testigos, Juan Manuel de la Puente, Rosario Díez, presidenta de la comisión de Control; Jesús Pastor y Purificación Manso, ratificaron lo ya oído:

Ninguna decisión del Consejo de Administración fue nunca rectificada y todos confiaron en la capacidad del equipo directivo en el que depositaron «confianza plena».

El juicio continúa esta mañana desde las 10 horas con las pruebas periciales.