Del Olmo reprocha al Gobierno su inacción en la transición de la minería
La Consejería trasladará a la CE la petición de 5.000 ME para reindustrializar las cuencas
Una «transición justa» para las cuencas mineras. Este fue el término repetido ayer hasta la saciedad tanto en Valladolid como en Madrid. Y es que era el principal objeto de la reunión de la comisión de seguimiento del Plan de Dinamización de los municipios mineros, presidida por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, así como de la comisión de seguimiento del acuerdo marco para llevar a cabo esta transición, que congregó en la capital de España a representantes de Carbunión y sindicatos con el Ministerio que dirige Teresa Ribera.
Antes de la reunión en Valladolid, Del Olmo reprochó al Gobierno su inacción para solucionar el futuro de las cuencas mineras, al tiempo que reiteró su exigencia de que se dilate el cierre de las centrales térmicas. Según la consejera, en España no se ha producido una transición «justa ni injusta, sino simplemente un cierre» de minas, mientras que Polonia se ha fijado 2035 para terminar con el carbón y Alemania lo extiende hasta 2038, con una aportación del Estado a los länder de 40.000 millones de euros.
«Y aquí nada de nada», insistió Pilar del Olmo, cuyo director general de Energía, Ricardo González, expondrá esta situación en la reunión que hoy mantendrá la Plataforma europea de regiones carboneras en transición con representantes de la Comisión Europea (CE) y del Ministerio para la Transición Ecológica.
El encuentro servirá también a la Junta para trasladar al Gobierno y a la CE el reciente acuerdo de las Cortes para que el futuro Marco Financiero Europeo recoja al menos 5.000 millones de euros para las regiones carboneras en transición.
«En definitiva, reivindicamos que haya fondos para estas regiones, para que se diversifique su tejido industrial, que no se despueblen y, como dice la propia Comisión Europea, que se cuente con las comunidades y los municipios afectados», explicó la titular de Economía.
Otro de sus reproches hacia el Ejecutivo socialista se refiere al nulo interés que ha demostrado, a su juicio, por dar salida a la Ciudad de la Energía de Ponferrada (Ciuden), mediante el desarrollo de proyectos de I+D y energías renovables. «Para el Gobierno, la Ciuden está muerta», sentenció, tras denunciar que el proyecto de Presupuestos del Estado recoge solo 3.000 euros para estas instalaciones, lo mismo que las cuentas en vigor de 2018.
Tras subrayar que la minería «se ha terminado», la consejera reiteró su petición al Gobierno de que no autorice el cierre de las centrales térmicas «en tanto en cuanto no haya un plan de reindustrialización serio» y alternativo para las zonas afectadas. «No puedes autorizar un cierre y que se vayan de rositas, con la gran cantidad de beneficios que han obtenido» en estas zonas, agregó.
Pilar del Olmo recordó que las compañías eléctricas propietarias de estas centrales tienen el propósito de clausurarlas a mediados de 2020, y ya han avisado de que no van a comprar más carbón, ni nacional ni importado. «Su intención es no producir nada, un grave problema no solo para Castilla y León sino también para España, ya que estamos hablando de 5.000 megavatios que van a desinstalar», advirtió. Antes este «abrupto corte» de la energía del carbón y de las térmicas, la consejera insistió en que no se ha plantado «ningún proceso de transición energética justa para España».
Sobre los proyectos que proponen como alterativa las eléctricas, Del Olmo consideró que son «muy flojos», ya que Endesa plantea un almacén para depositar elementos de energías renovables «que no da mucho trabajo». Más positivos están resultando los contactos de la Junta con Forestalia para que contrate a empleados de las empresas auxiliares de Endesa para su fábrica de biomasa. Según avanzó, algunos de estos trabajadores que se quedaban en la calle ya ha sido contratado.
En su balance del plan de dinamización de los municipios mineros, que ahora tendrá como principal eje la transición justa, Del Olmo destacó que la inversión ejecutada en 2018 por la Junta fue de 22 millones, frente a los 5 inicialmente previstos. Además, la lanzadera financiera invirtió en 82 proyectos por un total de 100 millones, a lo que sumó otros tres nuevos «que han generado más de 200 empleos». En su opinión, el plan está dando sus frutos porque el número de afiliados a la Seguridad Social creció en el último año en torno al 1,7%.