El Procurador del Común exige vigilancia en chimeneas y pozos
La Junta considera que la normativa actual «refleja perfectamente» las obligaciones de los propietarios de terrenos con explotaciones de interior
El Procurador del Común considera oportuno iniciar una actuación de oficio con relación a las deficiencias que puedan existir en cuanto a la clausura segura de las chimeneas y accesos a las minas de interior cuya actividad ha cesado, «en consideración a la peligrosidad que supone para la seguridad de las personas la existencia de dichos elementos sin los cierres necesarios o en deficiente estado de conservación», señalan desde la institución autonómica que preside Tomás Quintana.
En los últimos años, recuerdan, han cerrado muchas explotaciones mineras, especialmente en León y Palencia, pudiendo quedar al descubierto agujeros peligrosos sin el control pertinente. Por ello, solicita a la Junta que a través de la Dirección General de Energía y Minas informe sobre los controles realizados tras la conclusión de las actividades mineras, si están inventariadas todas las explotaciones clausuradas y sobre los expedientes incoados en los últimos cuatro años, en virtud de denuncia o de oficio, por la existencia de huecos no clausurados o con cierres que no cumplen con su función originaria.
Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, considera que las actuales normas «reflejan perfectamente» las obligaciones de los titulares de los predios donde hay pozos, incluido el apartado de las condiciones de seguridad, informa Ical. «Lo que puede haber no es nuevas normas, sino incrementar la inspección, la vigilancia y, en su caso, los procedimientos sancionadores», señaló. «El caso, del que todos hablamos, del pequeño que ha fallecido en el sur de España en una situación espantosa no se puede volver a producir», rubricó.
De esta forma, Suárez-Quiñones aseguró que la Administración autonómica «hará todo lo que sea necesario» mediante trabajos de inspección y control para que «se cumplan las obligaciones» de los titulares de los predios donde estén ese tipo de prospecciones y pozos. «Todo el personal que trabaja en el territorio, desde la Guardia Civil a los agentes medioambientales, tiene la potestad plena de poner de manifiesto la existencia de una instalación irregular».