La Junta prorroga los presupuestos y garantiza las inversiones comprometidas

Sin objetivos de estabilidad presupuestaria a la vista, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la prórroga de los Presupuestos autonómicos de 2018, que permite cualquier tipo de modificación presupuestaria, incluida la incorporación de remanentes.

La falta de información por el bloqueo en Madrid impide al Gobierno de Herrera elaborar unas cuentas que puedan ajustarse a unos objetivos de déficit y deuda pública que todavía desconoce. Además de, evidentemente, las entregas a cuenta que proporciona el Ejecutivo central a las comunidades autónomas y a Castilla y León.

Estos presupuestos –dotados con 10.859 millones de euros– de este año se prorrogarán a partir del uno de enero hasta que la Junta tenga la información necesaria para poder esbozar y desarrollar unas cuentas nuevas, una iniciativa que deberá producirse a lo largo del próximo ejercicio.

Hasta entonces, la Junta mantendrá estas cuentas que ya este 2018 eran las más elevadas de la historia en las Consejerías de Servicios Social y Sanidad y eran «unas de las más altas» en Educación. «Es un presupuesto que ha permitido a la Junta prestar con la debida calidad todos los servicios públicos», subrayó la consejera de Hacienda y Economía, Pilar del Olmo.

El Gobierno socialista tendrá que sortear el veto del PP en el Senado y aprobar los objetivos de estabilidad o ceder a las presiones y negociar con los populares. Una vez se conozcan los límites y márgenes de maniobra de la Junta, el equipo de Pilar del Olmo tendrá un mes para acordar el límite de gasto no financiero (techo de gasto) correspondiente al siguiente ejercicio presupuestario. En ese momento se da el primer paso para poder elaborar unos Presupuestos.

La responsable de las cuentas públicas garantizó ayer que se ejecutarán las inversiones y créditos comprometidas para el año hasta el 31 de diciembre de 2018 «salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o que estén financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda prorrogarse», refleja el decreto aprobado ayer, al que tuvo acceso este diario.

El decreto de prórroga para 2019 detalla que la Junta atenderá con normalidad los gastos de personal (capítulo 1); los derivados del funcionamiento habitual, en especial los que aseguran la prestación de los servicios públicos esenciales (capítulo 2), y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad (capítulos 3 y 9).

También señala que el resto de gastos se imputarán conforme a su naturaleza a los respectivos capítulos –de transferencias corrientes (4), de inversiones reales (6), de transferencias de capital (7) y de activos financieros (8)– cuyos créditos se prorrogan, dando continuidad a las medidas que se venían realizando en 2018.

Estos presupuestos se adaptarán a la organización administrativa, su estructura funcional y económica, e incluso se podrán producir intercambios de capital entre las consejerías, en función de las necesidades. «Los compromisos adquiridos de los capítulos 6 y 7 [inversiones reales y transferencias de capital] que no se han gastado este año se van a poder incorporar como créditos al ejercicio de 2019», señaló la consejera de Hacienda.

Todos los compromisos se cumplirán, como la subida salarial de los funcionarios –que costará 120 millones a la Junta–. Se ha iniciado ya el decreto de tasas y precios públicos de las universidades y las tasas se rebajarán «de manera clara», por lo que será necesaria una inyección monetaria «para cubrir ese déficit de ingreso por las tasas universitarias», concretó Del Olmo.

DIÁLOGO SOCIAL

La titular del ramo también habló de las demandas del Diálogo Social de más financiación. «No habrá ningún problema en que se encaje en la prórroga presupuestaria», explicó antes de su reunión con los sindicatos y con el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo.

El vicesecretario general autonómico de UGT, Evelio Angulo, y el secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO Castilla y León, Saturnino Fernández, valoraron positivamente dicho encuentro y afirmaron que las negociaciones van «por el buen camino» para cerrar un acuerdo, para lo que se marcaron el horizonte máximo del día 31 de enero de 2019. En declaraciones recogidas por Ical, el representante de CCOO explicó: «La consejera nos dio la seguridad de que cumplirán».

Aunque aún no están las partidas definidas, lo que sí acordó ayer el Consejo de Gobierno es el aplazamiento de estas cuentas autonómicas y la presión fiscal. La responsable de Hacienda aseguró que los impuestos y los beneficios fiscales de este año se mantendrán en el próximo ejercicio. Privilegios fiscales como que los menores de 36 años del medio rural no paguen ningún impuesto autonómico, en busca de potenciar la repoblación en los pueblos.

Respecto a la carga impositiva de los castellanos y leoneses, solo cambiarán dos asuntos: la deducción de un máximo de 4.000 euros por la compra de un coche eléctrico –procedente de una proposición de ley del PP, en tramitación en las Cortes– y el ingreso por el impuesto de depósitos nucleares de Garoña, cuya recaudación –que ya ha comenzado– se destina al impulso de la economía y las empresas de la comarca burgalesa en la que está situada esta planta nuclear, cerrada desde agosto de 2017.

No es la primera vez que se dilatan las cuentas autonómicas de Castilla y León, ni será la última. Los de 2018 son los terceros presupuestos que se prorrogan en las últimas décadas. «Ya ha ocurrido en dos ocasiones y está totalmente contemplado en el estatuto de autonomía», recordó la consejera de Hacienda.

La moratoria más reciente se produjo en 2017, cuando se desconocían las entregas a cuenta; y la anterior, en 2012, por la imposibilidad de conocer el volumen de recursos de los que disponían tras las elecciones generales de 2011.

En esta ocasión, a diferencia de cuando se prorrogaron los presupuestos de 2016 durante el siguiente año, no se establecerán limitaciones a la hora de imputar los gastos durante la prórroga, lo que conferirá «más agilidad» a la gestión administrativa del día a día, explicó la consejera.

Otro acuerdo que se ejecutará a partir del uno de enero, aparte de los presupuestos, es la subida del 2,25% en las retribuciones de todo el personal al servicio de la Administración de Castilla y León –incluidos los trabajadores de las universidades y los colegios concertados–, que en función de la situación económica se podrá implementar hasta un 0,50%.

La consejera portavoz de la Junta, Milagros Marcos, explicó que el Decreto–ley debe ser ratificado por las Cortes, pero añadió que si el PIB crece más del 2,5% en julio se aplicaría una subida del 0,25%. Si la Administración tuviera supéravit, este salario se complementaría con otro 0,25%.

ARMONIZACIÓN FISCAL

La convergencia de los sistemas fiscales es otro asunto que preocupa a la Junta de Castilla y León. La consejera de Hacienda criticó a la ministra del ramo después de que María Jesús Montero viera «conveniente» ejecutar la armonización fiscal autonómica. «La Junta es partidaria de la armonización fiscal, la ministra tenía el informe [del grupo de expertos de la financiación autonómica] y en seis meses le ha dado tiempo a pensar en una ley», censuró Del Olmo.

SIRO, VITATENE Y BEONPRICE RECIBEN 2,1 MILLONES PARA PROYECTOS DE I+D+I

El último Consejo de Gobierno del año declaró de especial interés los planes estratégicos en materia de I+D de tres compañías instaladas en Castilla y León, Beonprice, Galletas Siro y Vitatene, lo que les permite optar a una ayuda conjunta de 2,1 millones de euros para sus proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, conforme a la normativa reguladora de las subvenciones para esta finalidad.

Incluidos estos expedientes aprobados ayer, en 2017 y 2018 la Junta de Castilla y León habrá respaldado con 45,5 millones un total de 45 planes de este tipo que se materializarán en 117 proyectos y que conllevan una inversión asociada superior a 163,9 millones de euros, el importe reconocido a efectos de otorgar estos apoyos, informa Ical. El impacto en el empleo de estas iniciativas empresariales se estima en 1.248 nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de otros 55.630.

DEL OLMO NO DESCARTA DIMITIR CUANDO SE CONVOQUEN LAS ELECCIONES DE MAYO

«Yo ahora mismo no soy nada», sentenció ayer la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en relación a su candidatura como cabeza de lista del PP para el Ayuntamiento de Valladolid, «porque no está publicado en el boletín ni se han convocado elecciones». «Lo que ha hecho el Partido Popular ha sido nominarme como candidata», añadió la consejera, que no descartó presentar su dimisión en el momento en el que comience el periodo electoral. «El día que se convoquen las elecciones y salga yo publicada si todo va bién, evidentemente me lo pensaré, sí. Pero ahora no hay nada», sentenció Del Olmo, quien, ante los reproches del portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes, José Francisco Martín, se refirió a la incompatibilidad de algún socialista entre el cargo de concejal y su puesto como funcionario en la Junta de Castilla y León.