Frente común para exigir una alternativa al carbón antes de clausurar las minas

El periplo de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático y la contaminación apunta hacia una única meta: el fin del uso del carbón para generar electricidad. Cada paso que da supone una restricción más dura sobre los contaminantes que expulsan las centrales. Un compromiso ecológico que pone contra las cuerdas a las minas. El armazón legal apaga su actividad y condena a las comarcas que viven de esa actividad a la despoblación. O no. Todo depende de la ejecución de la hoja de ruta.

Para construir unos cimientos fuertes de esa «nueva realidad» se reunieron ayer los presidentes de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias y Castilla y León, Javier Lambán, Javier Fernández y Juan Vicente Herrera, con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Y lo hicieron a pocos días de que concluya el plazo dado para el cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018.

Durante la reunión exigieron «ideas claras» para que el final del carbón no sea «abrupto» y que haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras. Por ello, pidieron que el Ministerio no sea «cómplice» de las eléctricas y las presione para que prolonguen la vida de las térmicas hasta 2030. Es el tiempo que, según expusieron los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos que generen empleos alternativos a los que se perderán por la clausura de las minas.

Herrera defendió que «la construcción de la nueva realidad económica» que genere una energía más limpia tiene que ir «acompasada» para que se mantengan los aprovechamientos de la realidad existente hasta que haya una opción firme. «Lo que no podemos hacer es prescindir de la realidad actual», apostilló el presidente de la Junta de Castilla y León, antes de insistir en que es necesario explotar qué posibilidades existen cumpliendo la «exigente» normativa europea ya perentoria para el 1 de enero de 2019.

En este sentido, mencionó que una de las minas de la región, la de Hijos de Baldomero García del Bierzo, ya está trabajando con el Ministerio de Transición Ecológica para ver la fórmula y los plazos para mantener la actividad. Eso sí, recalcó que esa reconversión es posible siempre y cuando se complemente con la segunda parte de la ecuación: tener empresas que compren el carbón «de forma estable».

Herrera reiteró que es clave que las centrales térmicas alarguen su actividad hasta 2030, fecha que se fijó además por muchas compañías para compensar la amortización de las inversiones ambientales exigidas por Bruselas. Modificar eso, en opinión del presidente castellano y leonés, es dar a las compañías el pretexto necesario para «ir a la ventanilla de cierre», algo que apuntó «no podemos consentir».

Los dirigentes regionales urgieron que España tiene que cumplir con los compromisos de descarbonización pero «no se pueden recortar plazos». Por este motivo, comentaron que la transición se tiene que trabajar con inteligencia y obligar a las eléctricas a que tengan una visión de Estado y que el Estado tenga una visión de cuál es el negocio global de estas empresas en todas las áreas. «Exijamos que realicen las inversiones que permitan apurar plazos», puntualizó Herrera, antes de añadir que hay que construir una realidad desde el acercamiento local: a los trabajadores, a los sindicatos, a los negocios de la zona, a los alcaldes y a las comunidades autónomas.

«Hay que hacer ese esfuerzo hacia lo local pero partiendo de una realidad que no admita que el 1 de enero de 2019 o que el 30 de junio de 2020 se acabe con la minería siempre que cumpla con los requisitos europeos ni que tampoco se cierren todas las térmicas», reivindicó el presidente de la Junta para, a continuación, exponer que eso sería «un auténtico despropósito» que llevaría a España a conseguir la medalla a la nación más verde de Europa pero sin alternativa.

El dirigente de Castilla y León pidió, por otro lado, al departamento de Teresa Ribera que tenga en cuenta también en sus negociaciones con los sindicatos de la minería a los trabajadores de las empresas auxiliares. «He encontrado receptividad por parte del Ministerio para asumir que a esos trabajadores también hay que darles confortabilidad y cobijo con medidas sociales y prioridad a la hora de desarrollar determinadas labores, como puede ser la reforestación», matizó.

Para el presidente de Aragón, la transición tiene que producirse pero «no puede ser justa si en 2020 se cierran abruptamente las centrales sin alternativas consolidadas realmente», por lo que puso sobre la mesa «alargar la vida de las centrales mientras se construye la alternativa».

Lambán fue contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que acusó de no demostrar responsabilidad social «que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa Occidental». «La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en la exigencia de responsabilidades», proclamó para, a renglón seguido, argumentar sus palabras: «No sólo debe hacer las inversiones necesarias para prolongar la vida de la central, de acuerdo con los parámetros que impone Bruselas, sino también que se comprometa con la creación de alternativas económicas». Y es que, a su juicio, proponer energías renovables no es la solución. «Ni el sol ni el viento son de Endesa. Tenemos empresarios aragoneses comprometidos con las energías renovables», subrayó.

El presidente de Asturias, Javier Fernández, sostuvo que la nueva realidad «no puede realizarse colapsando la existente», por lo que, al igual que sus homólogos en Aragón y Castilla y León, estimó alargar «mucho más que 2020», aunque sin concretar una fecha.

También reclamó la colaboración de Teresa Ribera para prolongar la vida de las térmicas y dar tiempo a que las economías alternativas sean fuertes. Explicó, además, otra vertiente del problema: el alza de los precios de la electricidad que puede producirse por el cierre en año y medio de las centrales, lo que en el caso de industria asturiana es «preocupante». De ahí que urgió que este sector necesita «fórmulas estables de precios» para asegurar a medio y largo plazo su producción.

Sobre los fondos disponibles para la transición ecológica, Javier Lambán resaltó que las cuantificaciones son «imposibles» y habló de alrededor de 5.000 millones de euros para regiones carboníferas. Ahora, dijo, hay que organizarse junto con el Ejecutivo central para acceder a esas subvenciones de la Unión Europea. «El Gobierno de España tendrá que hacer las aportaciones estratégicas necesarias y los presidentes autonómicos lo que nos corresponda». No obstante, señaló que más que centrarse en dinero lo que había que hacer es pensar en los pasos para generar entornos atractivos para que se ponga en pie esa nueva economía.

En concreto, el presidente del Gobierno aragonés explicó que en su Comunidad estos pasos van a ir encaminados a que los polígonos industriales sean más competitivos en suministros eléctricos y dotaciones de agua suficientes en los que se impliquen a los empresarios de la región. De manera que, destacó Lambán, es importante contar con profesionales en la gestión de estos nuevos procesos para que este tipo de economías surjan cuanto antes.

Sin falsas expectativas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, admitió que la reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue «grata y positiva», eso sí, sin generar falsas expectativas. Según comentó, tuvieron la oportunidad de escuchar y de ser escuchados y de trasladar fundamentalmente la sensibilidad por una situación «límite» que, además, viene arrastrándose ya desde años en amplias zonas de las tres comunidades autónomas.

Son conscientes de hacia dónde va el mundo, sin embargo, también son conscientes «por cercanía y por sensibilidad» con los habitantes de las comarcas de tradición minera de que esa desconexión conlleva «unos sacrificios sociales y personales enormes», apuntó Herrera, antes de agregar que la transición debe ser «justa» y no acomodarse «exclusivamente» a los intereses económicos de las grandes compañías sino a factores sociales y demográficos. «Estamos hablando de comunidades autónomas azotadas por el fenómeno de la despoblación. Hemos tenido datos y sabemos lo que significa la desaparición de amplias comarcas de aquellas actividades económicas vinculadas a la extracción de minería y a la producción de energía a través de esa minería», describió el presidente castellano y leonés.

Se mostró muy positivo al coincidir con Ribera en muchos puntos, no obstante, lamentó que a la hora de firmar acuerdos con las centrales sindicales de Madrid no se haya contado con la «opinión, la voz y la aportación que desde la cercanía» pueden contribuir las comunidades autónomas donde se encuentran las minas.

El encuentro, que tuvo lugar en Madrid, se lleno de buenas voluntades y la existencia de un clima de cooperación pero ningún proyecto firme con plazos y objetivos concretos que disipen la actual incertidumbre que viven las personas que trabajan en este sector.