Diario de Valladolid

El menor de 17 años reconoce al juez que violó y mató a la joven Leticia Rosino

La Fiscalía solicia ocho años de reclusión, su mayor parte en el Zambrana de Valladolid, y cinco más de libertad vigilada / Un centenar de personas increpan al adolescente y exige el endurecimiento de las penas

El acusado tuvo que ser protegido de los ataques de algunas personas, en el momento de entrar el juzgado.-J.L. LEAL

El acusado tuvo que ser protegido de los ataques de algunas personas, en el momento de entrar el juzgado.-J.L. LEAL

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Jose Luis Cabrero

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El joven de 17 años que el pasado mes de mayo violó y asesinó a Leticia Rosino, de 32 años, cuando ésta paseaba por un camino de la localidad zamorana de Castrogonzalo, reconoció ayer los hechos ante el juez para aceptar después las medidas disciplinarias propuestas por la acusación y la Fiscalía: ocho años de reclusión, parte de los cuales los pasará en el centro de menores de Zambrana (Valladolid), y cinco años de libertad vigilada, medida que cumplirá simultáneamente a otros cinco años de alejamiento de las localidades zamoranas de Tábara y Castrogonzalo, pueblos en los que residen los familiares cercanos de la víctima, según explicó el abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Martín Anero.

En el transcurso de la vista oral, que se celebró a puerta cerrada durante una hora y media en el Juzgado de Menores de la capital zamorana, los peritos confirmaron, en contra de lo postulado por su abogado defensor, que el menor actuó sin ningún tipo de merma en sus capacidades cognitivas, y que en todo momento fue consciente de la gravedad de los hechos.

El testimonio de los agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación de los hechos confirmaron que el menor arrastró a la joven lejos del camino por el que paseaba para consumar la agresión sexual. Más tarde, trató de asfixiarla con sus manos y la golpeó con piedras en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte. El acusado arrojó su cuerpo en un barranco cercano.

Los agentes relataron también como el joven, durante las investigaciones, trató de incriminar a su padre en el asesinato de Leticia Rosino, posibilidad que la Guardia Civil descartó a las pocas horas a la vista de las numerosas evidencias encontradas durante la investigación del caso. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ante la gravedad de los delitos cometidos por el menor, han solicitado la pena máxima contemplada en la Ley del Menor. Los letrados de la familia de Leticia Rosino han reclamado además una indemnización económica de 226.000 euros. Mientras en la cuarta planta del Juzgado de Menores de la capital zamorana se celebraba la vista oral por el asesinato de la joven Leticia Rosino, en la calle, desde primeras horas de la mañana se concentró un centenar de personas para manifestar su solidaridad con la familia de la joven asesinada y para reclamar la modificación de la Ley del Menor con el endurecimiento de las penas.

Familiares y amigos de la joven asesinada increparon al acusado a su llegada a los Juzgados. Algunos de los concentrados, visiblemente afectados por la llegada del joven, que ocultó su rostro con la capucha de una sudadera, llegaron a romper el cordón policial para tratar sin éxito de agredirle.

La concentración se prolongó durante toda la mañana. Los amigos y familiares de la víctima trataron de descargar su ira de nuevo contra el joven al término del juicio, aunque éste abandonó el edificio por una puerta alternativa y no pasó ante ellos. La maniobra no sentó nada bien a los concentrados, que acusaron a los agentes de proteger a los asesinos.

Entre los concentrados a las puertas del Juzgado de Menores, tras la pancarta, el tío carnal de Leticia, Santiago Andrés, se lamentó de que por mucha pena que se le impusiera al menor, «en ocho años estará en la calle», un periodo de tiempo que es claramente insuficiente, añadió, a la vista de la gravedad de los hechos. «La ley es la que es, y esa ley hay que cambiarla», dijo. Para avanzar en esa lucha, apuntó, familiares y amigos de la víctima ultiman estos días la puesta en marcha de la Fundación Leticia Rosino, con la que pretenden «dar la lata a los políticos» para que cambien una ley que consideran injusta.

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