Álvarez dice que solo pidió un reconocimiento médico al interventor

El alcalde de la localidad leonesa de Cacabelos, Sergio Álvarez, aseguró ayer no haber impedido en ningún momento la reincorporación del interventor titular del Consistorio que se acogió en agosto de 2015 a una baja laboral tras protagonizar un intento de agresión al edil, informa Ical.

Así lo apuntó ayer durante su declaración en la Audiencia Provincial de León, donde se juzgan los hechos expuestos, en la que aseguró que tan solo le solicitó un reconocimiento médico «recomendado para los trabajadores con bajas superiores a tres meses».

Estos hechos se produjeron el 12 de enero de 2016, fecha en la que Sergio Álvarez asegura que realiza dicha recomendación al interventor «por su propia seguridad y la del resto de trabajadores del Ayuntamiento debido a varios episodios de violencia verbal y porque había recibido el alta voluntaria tras no presentarse en dos ocasiones a las citas con la mutua» y en la que le informa de la existencia de un expediente sancionador abierto por la Junta de Castilla y León.

Sin embargo, según declaró el edil, fue tres días después cuando la Junta le recomendó la reincorporación del trabajador. No obstante, el alcalde de Cacabelos aseguró que en ningún momento el trabajador volvió a intentar retomar su puesto de trabajo, «personándose en otras dos ocasiones en el Ayuntamiento, una para preguntar si iba a seguir cobrando su sueldo y otra para recoger sus cosas».

En declaraciones realizadas a la prensa, Sergio Álvarez afirmó en todo momento mostrarse «con tranquilidad y la conciencia muy limpia», ya que «no he hecho nada, simplemente estoy aquí porque el interventor me insultó, me agredió me vejó y dijo que no le dejé reincorporarse a su puesto, lo que es una vergüenza».

El edil de Cacabelos insistió en que hizo “lo conveniente para poder proteger al propio trabajador, a los trabajadores y a la ciudadanía», motivo por el que mostró su incomprensión ante la petición de 13 años de inhabilitación política por un presunto delito de prevaricación. «A nadie se le inhabilita trece años por una cosa que no tiene sentido, porque los derechos del trabajador están cumplidos».