SORIA
La Junta reduce a 36 euros la ayuda a una dependiente que vive en Cueva
La anciana de 91 años pierde la mayor parte de la prestación al trasladarse desde Madrid donde cobraba 290 euros / Está al cuidado de su hijo que considera que es una ‘miseria’
Enrique Martínez, junto a su madre Ana Caridad Escribano, ayer en su domicilio de Cueva.-V.G.
Ana Caridad Escribano tiene 91 años y reside en Cueva de Ágreda, su localidad natal, a la que regresó hace año y medio con su hijo procedentes de Madrid. Un cambio de residencia que le ha supuesto una reducción de la prestación económica por ser dependiente de los 290 euros a los 36 euros mensuales. Con su cambio de domicilio y de Comunidad Autónoma esta anciana ha visto reducida la prestación por dependencia en un 90%.
Anteriormente había estado al cuidado de su hija en Madrid, localidad a la que ella emigró con sus hijos hace décadas y en la que ha trabajado y residido. Su hijo decidió cuidar a su madre y tras su jubilación laboral ambos regresaron a Cueva de Ágreda. «Volvimos aquí porque mi madre le gusta su pueblo y es muy feliz con los vecinos», explica Enrique.
El problema surgió cuando la familia solicitó a la Junta de Castilla y León la prestación económica por dependencia. Ana Caridad tiene reconocido el grado III de dependencia de acuerdo a la Ley, lo que significa que es una gran dependiente.
Tras el empadronamiento de ambos en Cueva solicitaron la prestación que le correspondía por dependencia a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León que les concedió, primeramente, una cuantía de 31 euros, Tras el recurso de alzada, se lo subieron a 36 euros. Algo que Enrique Martínez califica de «miseria» y asegura que «con este dinero poco se puede hacer, eso nos demuestra que no todos somos iguales y que hay enormes diferencias dependiendo del lugar en el que vives». Además denuncia que la Junta incumple el Real Decreto, aprobado en diciembre de 2017 por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que establece un gasto mínimo de 190 euros al mes por cada gran dependiente con el dinero que el Gobierno transfiere a las Comunidades Autónomas.
En el recurso que el afectado presentó ante Servicios Sociales por percibir los escasos 31 euros mensuales, la Junta argumentó que la anciana cuenta con unos ingresos de 1.000 euros mensuales, de sus pensiones de jubilación y de viudedad, con los que puede hacer frente a los cuidados, según explica el afectado.
Cuando la anciana vivía en Madrid, al cargo de su otra hija, la familia tenía contratada a una cuidadora y entonces tenía reconocida una ayuda en el entorno familiar de 290 euros. En la actualidad es Enrique es el que se hace cargo a diario de su madre que necesita ayuda para levantarse, para el aseo personal y para comer, mientras anda con alguna dificultad. Explica que solicitó un cuidador, «pero nos dijeron que teníamos que pagarlo de nuestra pensión», por lo que rehusó contar con un profesional.
El afectado solicita a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León que reconsidere estas ayudas y, por lo menos, que le concedan el gasto mínimo de 190 euros al mes que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas para los grandes dependientes, «veo que a mi madre le están robando y es por eso por lo que protesto en nombre de ella». El hijo de esta anciana recuerda que en la actualidad hay 300.000 dependientes que han dejado en un limbo sin ayudas en España, «pero yo me pregunto si no son más, porque ayudas de 36 euros mensuales, como la que recibe mi madre, es como no tener nada», significa.