El PP pide al Gobierno a que inste a las eléctricas a realizar inversiones

El Grupo Popular buscará en el próximo pleno de las Cortes el acuerdo de todos los grupos y fijar una posición ante el Gobierno central para que no exista una negociación bilateral fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la revisión del sistema de financiación, y para que “se inste” a las empresas eléctricas a realizar las inversiones necesarias en las térmicas de Compostilla y La Robla.

El grupo mayoritario en las Cortes recoge ambos contenidos en dos proposiciones no de ley para su debate y votación en el próximo pleno de las Cortes, presentadas hoy en una rueda de prensa por su portavoz, Raúl de la Hoz, y el portavoz de Hacienda, Salvador Cruz, en la que ambos se dirigieron a la oposición, al PSOE en particular, para que defienda en Madrid los intereses de la Comunidad.

Por su parte, Cruz estimó «difícil» que el PSCyL defienda en el Congreso su «postureo de aquí» sobre la minería y calificó de «irresponsable» al líder de Podemos, Pablo Fernández, por acusar al PP del cierre de las térmicas cuando su partido en Madrid hace lo contrario de lo que él defiende aquí. «Su credibilidad en minería es igual que la de Echenique en Seguridad Social», aseveró. En la proposición no de ley sobre financiación autonómica se recuerdan los 1.500 millones acordados con la Generalitat de Cataluña en la reunión del pasado 25 de septiembre, relativos a infraestructuras y policía autonómica, así como la asunción del primer tramo de 2.773 millones de deuda a corto plazo, un 60%, de los 4.500 millones, informa Ical.

De la Hoz calificó de «inaceptable que para salvar al Gobierno del doctor Sánchez se castigue a los españoles y a los castellanos y leoneses» y subrayó que «no caben» negociaciones bilaterales fuera del modelo de financiación, cuya revisión volvió a urgir.

Por ello, en su propuesta, piden que el diálogo bilateral debe ser con respeto «irrenunciable» a la lealtad constitucional, es decir que no haya acuerdos con comunidades que «amenacen con quebrantar el orden constitucional».

También que los acuerdos bilaterales que puedan existen se limiten a asuntos ajenos al sistema de financiación, la necesidad de defender como «prioritaria» la financiación autonómica en esta legislatura a través del consenso multilateral en el CPFF y que en ese órgano se aborden también los mecanismos de financiación, como el FLA o la deuda.

«La transición justa se ha plasmado en un anuncio de cierre el 31 de diciembre de 2018», criticó De la Hoz sobre la posición de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en lo que calificó de «otra irresponsabilidad» del Gobierno de Sánchez. «Ni transición, ni justicia, 1.500 empleos en riesgo y sin alternativa», aseveró.

Salvador Cruz calificó de «importante» la propuesta que llevan al plenario de la próxima semana y cargó contra la oposición socialista al defender aquí la minería, que en el Congreso no se materializa por parte de sus diputados ni en las acciones del Gobierno. «En 2010 Almunia puso la puntilla (entonces comisario europeo) y Ribera se la quiere dar», anotó.

En la propuesta de resolución, piden que el Gobierno aborde la transición energética desde los compromisos medioambientales, el menor coste energético para familias y empresas y la seguridad de suministro; el impulso de las energías renovables, con la proridad de convocar subastas específicas para la biomasa; mantener el carbón en el mix energético y la generación térmica hasta 2030.

Por otro lado, solicita al Gobierno que inste a las empresas eléctricas propietarias de las centrales de Compostilla y La Robla a realizar las inversiones necesarias pendientes para su continuidad hasta 2030; a modificar los criterios de cierres para impedir el de Velilla; a establecer un procedimiento de devolución de ayudas cobradas desde 2011 que permita la continuidad de las explotaciones rentables a partir del 1 de enero de 2019 y, finalmente, a que se inicien las negociaciones de los contratos de compraventa de carbón para el próximo año.