El alcalde de Villaquilambre advierte de la «paralización del municipio» con la moción

El alcalde de Villaquilambre, Manuel García, advirtió ayer contra la «paralización total» que sufrirá el municipio si la moción de censura prevista que se tiene que votar mañana sale adelante. Flanqueado por su abogado, Fernando Santocildes, García compareció ante la prensa para ofrecer explicaciones sobre su implicación en la operación Enredadera y sobre la situación del Ayuntamiento a 24 horas de la votación que puede suponer un cambio de Gobierno en el cuarto municipio de la provincia de León. «Tengo la conciencia muy tranquila, nunca he hecho nada ilegal», afirmó el regidor.

En ese sentido, García alertó de que varios «proyectos importantes» gestados a lo largo del mandato no se materializarán si se produce el relevo en la alcaldía a menos de un año para las elecciones locales. «No va a ser bueno para el municipio», vaticinó el aún regidor, que atribuyó al secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, de quien dijo que tiene «vínculos importantes en el municipio», la responsabilidad en la moción. «No sé que pretende hacer esta gente, además de apartar al PP del poder, pero esta moción está orquestada por la dirección regional del PSOE, para la que Villaquilambre es una obsesión», manifestó, informa Ical.

En la misma línea, García acusó a Tudanca de querer «acabar con el PP de León porque sabe que es clave para ganar la Junta» y afirmó que ese movimiento se llevará a cabo «pactando con quien haya que pactar, a cualquier precio». Igualmente, García apeló a la «responsabilidad» de los firmantes de la moción de censura y recalcó que «todavía hay tiempo para recapacitar y reconsiderar la postura por el bien del municipio».

No obstante, García dijo sentirse «indignado y apenado por todo lo que está ocurriendo» y enfocó su «decepción» hacia el concejal de UPyD en el municipio, Miguel Ángel de Celis, del que lamentó que no haya respetado el «principio de lealtad» y al que acusó de preparar su desembarco en el PSOE de cara a los próximos comicios.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, calificó como «frustrante e inútil» la comparecencia ayer del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y afirmó que «debería haber dimitido o haber sido cesado por el señor Herrera» tras dicha comparecencia.

Mientras para el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, son «inadmisibles» las explicaciones ofrecidas por Suárez-Quiñones, por su relación en la Operación Enredadera recalcando su justificación con la frase «la administración soy yo»para remarcar que «esa llamada telefónica la hacía con carácter oficial». Fernández reiteró que su formación preguntará al presidente Juan Vicente Herrera en el próximo Pleno de las Cortes si piensa cesar al consejero de Fomento y Medio Ambiente.

Para el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, la actuación de Suárez-Quiñones no fue «ética ni adecuada», pero recordó que la línea roja establecida por la formación naranja para pedir la dimisión de cualquier cargo público es «la imputación», algo que no se ha producido en el caso del consejero de Fomento y Medio Ambiente. Fuentes se preguntó si es «conveniente» tener conversaciones o comidas privadas con un solo empresario en Castilla y León cuando hay «600 empresarios de la construcción que estarían dispuestos a haber acometido la misma obra».

Por último, el coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León y procurador, José Sarrión, anunció que la formación se personará como acusación popular dentro del proceso judicial. En una comparecencia en la que estuvo acompañado por concejales de IU en los principales ayuntamientos con más implicaciones en la trama, Sarrión defendió el «compromiso firme contra la corrupción» de IU y lamentó que «Castilla y León es el epicentro de esta trama y la provincia de León se lleva la palma, con siete municipios afectados de los 12 que hay en la Comunidad».